A dos semanas de que concluya formalmente la LXI Legislatura, senadores y diputados tienen pendiente la aprobación de por lo menos cuatro leyes en materia de seguridad, propuestas por el Ejecutivo federal: la de Seguridad Nacional, contra el Lavado de Dinero, las reformas al Código de Procedimientos Penales y los cambios en relación a Cadenas Delictivas.

 

Las leyes pendientes tienen como objetivo fortalecer el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, y las reformas al Código de Procedimientos Penales, además, también son necesarias para la implementación a cabalidad de la reforma al Sistema de Justicia Penal.

 

Sin embargo y a pesar de múltiples llamados de la Federación y de organismos civiles para su discusión y aprobación, los legisladores federales no han logrado ponerse de acuerdo. Un ejemplo de lo anterior es la Ley de Seguridad Nacional, presentada en el Senado desde hace tres años y actualmente en discusión en la Cámara baja.

 

Por si fuera poco, han ocurrido imprevistos en las cámaras como la muerte de Juventino Castro y Castro, quien era presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

El contenido de algunas de las propuestas legislativas ha generado polémica, lo que ha polarizado la discusión en ambas cámaras. La Ley de Seguridad Nacional busca “blindar” a las Fuerzas Armadas por su intervención en tareas de seguridad pública en el país; las reformas al Código de Procedimientos Penales plantea escuchas, cateos y detenciones ilegales y endurece las penas por cadenas delictivas, en donde se aplicarían hasta 20 años de prisión para los halcones que trabajan para el crimen organizado.

 

En las últimas semanas, diversas autoridades federales, como el presidente Felipe Calderón; el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y los titulares de la Sedena y Marina, Guillermo Galván y Francisco Saynez, respectivamente, hay lanzado llamados al Congreso para la aprobación de dichas iniciativas.

 

Y aunque diputados y senadores han prometido que aprobarán los pendientes antes de dos semanas, se prevé que por lo menos tres de ellas se queden en la “congeladora” por lo menos hasta el año próximo.

 

De acuerdo con versiones de los mismos legisladores, se estima que en dos semanas quede aprobada la Ley contra el Lavado de Dinero o la ley de Seguridad Nacional, que son las que registran mayores avances en su discusión y análisis.

 

Panorama complejo

 

Los escenarios en materia de seguridad pública se complican aún más debido a la falta de instrumentación de parte de los gobiernos estatales para la implementación del Mando Único Policial y por fallas en la Ley de Extinción de Dominio, aprobada hace un mes por los diputados.

 

Sobre el primer tema, aunque el Congreso no ha aprobado las reformas constitucionales para establecer las policías estatales únicas, en el presente año los gobiernos de las entidades avanzan en la creación de la llamada Policía de Mando Único, como en Nuevo León, Baja California, Hidalgo y Aguascalientes, cuyos congresos han aprobado la iniciativa.

 

En Baja California, incluso, el mando de las policías estatal y municipal fueron cedidos al Ejército mexicano y el Mando Único está en manos del comandante de la zona militar.

 

Sin embargo, hasta el 23 de diciembre la integración de este esquema en Nuevo León contaba con la aprobación de 35 cabildos, la mayoría de la zona rural.

 

La iniciativa de ley para la creación de las Policías de Mando Único en los estados fue enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión en octubre de 2010; sin embargo, las comisiones legislativas no lograron el consenso sobre los mecanismos para la operación de los cuerpos policiacos.

 

El proyecto busca garantizar la corresponsabilidad estatal en las tareas de seguridad pública en los municipios y concentra la responsabilidad de la función de la seguridad en 32 mandos, lo que facilitaría la rendición de cuentas y fomentaría la eficacia de coordinación de las instituciones de seguridad pública.

 

Y sobre la Ley de Extinción de Dominio, luego de que los diputados finalmente aprobaran la iniciativa el mes pasado, algunos expertos advierten que esta reforma incluye la figura de extinción de dominio como se dio en Colombia, con el fin de privar de los bienes de las personas o de los delincuentes vinculados con delitos de crimen organizado, a la salud o al secuestro.

 

Empero, el problema central es que si bien se busca dotar de mejores herramientas jurídicas al Ministerio Público y a los jueces, la realidad es que los ministerios públicos no investigan, lo que generaría una mayor corrupción.

 

Por lo anterior, el mismo presidente Felipe Calderón se ha pronunciado por realizar mejoras a esta ley.

 

Temas “a medias”

 

– Ley de Seguridad Nacional

 

El 21 de abril de 2009, el Ejecutivo presenta al Senado iniciativa de reforma para regular la intervención de las Fuerzas Armadas en supuestos hechos de disturbio de la paz pública o de alerta de seguridad interior, es decir, en labores de seguridad pública, competencia exclusiva de cuerpos policiales.

 

El Senado la aprueba un año después, el 22 de abril de 2010, pero incorpora la previsión de que las violaciones a los derechos humanos comeditas por militares se juzgarán en tribunales civiles, además de que se permite a la CNDH monitorear la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

 

Una semana después, la Junta de Coordinación Política propone facultar al Ejército y la Marina intervenir en asuntos de carácter político-electoral, social y laboral, además les daba facultades de MP y establecía la jurisdicción militar como la encargada de resolver casos de violaciones a los derechos humanos. Desde entonces, la minuta descansa en la Cámara de Diputados.

 

– Ley contra Lavado de Dinero

 

El 27 de agosto de 2010, el Ejecutivo federal envía a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un paquete de iniciativas para la creación de esta ley en el marco de la llamada “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”.

 

Contiene la creación de leyes como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Financiamiento al Terrorismo, así como reformas a 13 ordenamientos complementarios, como a los Códigos Fiscal de la Federación, Penal Federal y de Procedimientos Penales, y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

 

El 28 de abril de 2011, el Senado aprueba esta Ley y la remite a la Cámara baja, donde aún se mantiene bajo análisis apartados para dotar al gobierno federal de mayores instrumentos de inteligencia financiera.

 

– Mando Único Policial

 

El 7 de octubre de 2010, el Ejecutivo federal firma la iniciativa de reforma constitucional para establecer el Mando Único Policial. El objetivo era dar un golpe de timón en el modelo de organización policial, homologar la política pública de seguridad en los estados y contar con una mayor capacidad de respuesta en materia de seguridad pública y prevención del delito.

 

En marzo de 2011, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) aprueba por unanimidad crear un mando único policial en cada una de las 32 entidades federativas, a fin de que responda en forma más eficaz a los desafíos de la criminalidad.

 

Lo anterior debido a que las policías estatales y municipales representan más del 90% de la fuerza policial en el país, mientras que la Policía Federal tiene alrededor de 33 mil integrantes.

 

– Extinción de dominio

 

El 27 de marzo de 2012, el pleno de la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de reformas a la Ley de Extinción de Dominio que permitirá despojar a las organizaciones criminales de inmuebles vinculados a delitos como el robo de vehículos, el secuestro, la trata de personas y el narcotráfico, sin necesidad de existir una averiguación previa, ni sentencia condenatoria.

 

El dictamen desvincula así la extinción de dominio del proceso penal contra los probables responsables de hechos delictivos.