El destino es, a veces, cínico. Ante la férrea defensa del libre mercado, de las inversiones y de los intereses del capital privado que ha planteado en las últimas horas el gobierno español y la propia petrolera Repsol por la decisión de la presidenta Cristina Fernández de expropiar YPF; en México no nos podemos olvidar que hace tan solo 8 meses, Antonio Brufau, presidente de Repsol, inició una cruzada política en España para defender ‘la españolidad’ de la petrolera e impedir que Pemex incremente su participación accionaria y su influencia en la toma de decisiones de la principal empresa petrolera privada de España.

 

A las manifiestas intenciones de Pemex y de su director general, Juan José Suárez Coppel, se le detuvo por todos los medios bajo el argumento –según el ex presidente Felipe González y los editores del diario El País– de que una mayor participación de la empresa petrolera del estado mexicano en Repsol, atentaba contra los intereses estratégicos de España.

 

En aquel momento fue desdeñada la libertad que tiene un accionista de largo plazo como Pemex, para acrecentar su participación e influir en la toma de decisiones de una empresa privada como Repsol. Y lo fue a base de presiones políticas ejercidas tanto en España como en México.

 

El desenlace del caso Pemex-Repsol evidencia que el gobierno mexicano tuvo que recular de sus intenciones originales frente al gobierno español y a Repsol. En esos meses, de agosto de 2011 a febrero pasado, se impusieron los intereses políticos españoles por sobre el interés legítimo de un inversionista extranjero, a tal grado que, bajo acuerdo, se ‘obligó’ a Pemex a no participar en Repsol con más del 10% de las acciones y renunciar a sus legítimas inquietudes sobre la gerencia y el gobierno corporativo de la petrolera española. A cambio, se le ofreció un incierto ‘acuerdo comercial’ entre ambas empresas.

 

Ciertamente existe una gran distancia entre lo que ocurrió en el caso Pemex-Repsol y la recientemente anunciada expropiación de YPF por parte del gobierno argentino. Esta última es, a todas luces, una decisión política y económica extrema y de una magnitud financiera y jurídica de distinto alcance.

 

Pero en la base de ambos eventos subyacen premisas muy parecidas. Políticos que levantan fortalezas –legítimas o no- en torno al proteccionismo para defender los supuestos intereses económicos nacionales, mientras que las libertades económicas solo son encajes de ornato de los encendidos discursos públicos.

 

SÍGALE LA PISTA…

 

Ayer la acción de Repsol cayó 6.06% en la bolsa madrileña y en lo que va del año ha acumulado una caída de 33.4% por lo que su valor de mercado es cercano a los 20 mil millones de euros.

 

Pemex, el tercer accionista de Repsol, posee 9.49% de las acciones por lo que la minusvalía de ayer como reacción a la expropiación de YPF le significó una pérdida de 161.2 millones de dólares en su valor accionario. Sin embargo las expectativas no son nada negativas para Repsol y Pemex, como inversionista. El precio de la acción fue castigado todo el año por los rumores de expropiación de YPF, por lo que su efecto está descontado. De hecho algunos bancos de inversión esperan un precio objetivo de 22 a 24 euros por acción, o sea un incremento esperado superior al 30%. Nada mal.

 

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