Con 74 votos a favor y una abstención, el Senado de la República aprobó crear el tipo penal de feminicidio con una pena de 40 a 60 años de prisión por la privación de la vida de una mujer, por razones de género o bajo circunstancias donde se manifieste misoginia, discriminación y odio.
La reforma implica modificaciones al Código Penal Federal, de la Ley general de Acceso a una Vida Libre de Violencia, La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la PGR.
La aprobación incluye la tipificación como delito el obligar a una persona a renunciar a su cargo o empleo para responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones a la Ley Federal del Trabajo, y se sancionará con prisión de 3 a 8 años y de 500 a mil 500 días de multa.
En los delitos cometidos contra el desarrollo de la personalidad, libertad y el normal desarrollo psicosexual, y los previstos en la Ley para Prevenir la Trata de Personas realizados en contra de una menor de edad, las reglas para la prescripción de la acción penal comenzara a partir del día en que la victima cumpla la mayoría de edad.
Ahora las modificaciones aprobadas por los senadores regresan a la Cámara de Diputados para su ratificación.
Piden concretar reforma al Código Militar
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos pidieron al Senado que dentro del proceso para dictaminar las iniciativas de reforma al Código de Justicia Militar haga adecuaciones a este cuerpo normativo conforme a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Indicaron que “este es un momento histórico, en virtud de los diversos avances y acciones emprendidas para concretar la reforma que tanto requerimos y hemos demandado”.
A través de una misiva, puntualizaron que acotar el fuero militar “supondría una manifiesta voluntad del Estado mexicano en su responsabilidad por el respeto, defensa y garantía de los derechos humanos”.
Además, este acotamiento supondría una “manifiesta expresión de acatamiento a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado mexicano”.
Asimismo, constituiría “un primer paso en aras de armonizar la legislación secundaria conforme al bloque de constitucionalidad creado por virtud de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos”.
De esta manera, expresaron a los senadores Alejandro González Alcocer y Jesús Murillo Karam que “el dictamen de la reforma al Código de Justicia Militar, su discusión y aprobación, no puede esperar más”.
Entre las organizaciones que firman la misiva se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Esta carta también estuvo firmada a título personal por Bruno Bichir, Ofelia Medina, Julieta Egurrola, Carlos Fazio, José Luis Piñeyero, Sophie Alexander-Katz, entre otros.