Las peleas por el control de rutas entre los cárteles narcotraficantes en México son la principal causa del desplazamiento interno de unas 160 mil personas, reveló hoy un informe avalado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
Según el informe elaborado por el Consejo Noruego de Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), se estima que en 2011 unas 160 mil personas se vieron forzadas a desplazarse dentro del territorio a causa de la violencia provocada por dichos grupos.
El informe fue presentado ayer en rueda de prensa por el titular de ACNUR, António Guterres, quien señaló que la violencia generada por las peleas de los narcotraficantes por el control de las rutas es la principal causa del desplazamiento en México.
Los estados que han registrado mayores desplazamientos son Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, indicó el informe.
En lo que va del presente año, se calcula que han dejado sus hogares unas 24 mil 500 personas sólo en Cuidad Juárez, indicó el documento.
Por otra parte y en lo que se refiere a los desplazados en Chiapas, en su mayoría indígenas tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, subrayó que los afectados no han podido recuperar sus tierras ni regresar a sus hogares.
“A pesar de la ayuda del gobierno y de agencias internacionales cada vez se han vuelto más pobres”, añadió.
Guterres recordó que “radica en los gobiernos la responsabilidad de la protección de los desplazados internos”.
Por otra parte, el diputado Arturo Santana propuso que la Federación otorgue una pensión a las personas afectadas por el crimen organizado.
En la iniciativa de Ley para la Atención y Protección a las Personas Desplazadas por la Lucha del Gobierno Federal contra el Crimen Organizado, el legislador perredista plantea la creación de un fideicomiso, el cual deberá contar con un fondo de 5 mil millones de pesos, el cual será destinado a estas víctimas de la violencia.
En su argumentación, el integrante de la Comisión de Participación Ciudadana calcula que desde hace un lustro, unos 230 mil mexicanos han dejado sus hogares y sus trabajos para escapar de los enfrentamientos armados.
“Ello tiene un impacto directo en la economía de esas zonas de nuestro país, pero además golpea directamente la calidad de vida de las familias desplazadas, pues no pueden huir más que con lo que puedan cargar, dejando todo anhelo de una vida digna por la desesperación de mantenerse a salvo”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.
Los desplazamientos, agrega el documento, provocan rupturas familiares, sociales y culturales, que ponen fin a empleos sólidos, oportunidades educativas, y como consecuencia generan experiencias traumáticas, por los conflictos violentos, violaciones manifiestas a sus derechos humanos, generando condiciones de sufrimiento para las poblaciones afectadas.
Por ello, agrega, el Estado debe garantizar protección a todas aquellas personas que por causa ajena a ellos y por conflictos violentos son obligados a desplazarse de sus lugares de origen.