En el Día Mundial de la Tierra, el candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, presentó su propuesta para una economía verde y sustentable, cuyo eje central será la apertura a la iniciativa privada en áreas reservadas hasta ahora al Estado.

 

En conferencia de prensa, el candidato presidencial postulado por Nueva Alianza, reiteró también que el magisterio no se opone a la evaluación universal, pero sí condiciona a que la realice un organismo autónomo para evitar manipulaciones políticas.

 

Propuso también eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, abrir Petróleos Mexicanos y los servicios públicos a la iniciativa privada, además de incorporar a la gestión pública prácticas corporativas como las que implementan empresas multinacionales.

 

Adelantó también que como no es, ni ha sido funcionario público, no está dispuesto a dar a conocer su declaración patrimonial, para evitar ser blanco de la delincuencia.

 

Sin embargo, de llegar a ser presidente de la República, sí daría a conocer su patrimonio.

 

En su reunión con los medios estuvo acompañado por el presidente de Nueva Alianza, Luis Castro, quien informó que por iniciativa de su partido se aceptó que el tema del desarrollo sustentable sea uno de los seis que incluirán los dos debates que por mandato de ley organizará el Instituto Federal Electoral (IFE) entre los aspirantes presidenciales.

 

Precisamente el tema del desarrollo sustentable fue el que con mayor amplitud expuso Gabriel Quadri en su reunión con los medios de este domingo.

 

Aludió a un punto de vista transversal, que abarca las perspectivas política, económica, social, energética, ambiental y hasta de política exterior.

 

Para ello, describió una propuesta de reingeniería administrativa que implicaría cambios y transferencias en toda la estructura gubernamental para redistribuir facultades y competencias de manera que eficienten la administración pública

 

En su exposición, el candidato fue insistente en la necesidad de abrir a la inversión privada áreas hasta ahora reservadas al Estado, e incorporar incluso prácticas corporativas de las grandes empresas a la gestión pública.