Una investigación de The New York Times publicada el sábado pasado puso al descubierto una serie de prácticas de corrupción realizadas desde las altas esferas ejecutivas de Wal-Mart de México.

 

De acuerdo a la investigación periodística los sobornos que habría pagado la empresa estadounidense de autoservicios más grande del país a funcionarios públicos para que se le otorguen y agilicen los trámites de licencias de construcción habría ascendido a más de 24 millones de dólares durante el periodo 2003-2005 que comprende la investigación realizada por el diario.

 

El reportaje de The New York Times da a conocer que según los archivos de la propia empresa, desde 2003 Wal-Mart de México pagó ‘contribuciones’ y ‘donaciones’ a los gobiernos de todo el país por 16 millones de dólares, cantidad que en realidad eran destinadas a facilitar la expedición de las licencias y permisos para la apertura de nuevas tiendas. Desde hace una década Wal-Mart de México ha desarrollado un agresivo programa de apertura de tiendas en México que lo han convertido no solo, y por mucho, en la mayor cadena comercial del país, sino también en el mayor empleador privado que existe en México.

 

El caso Wal-Mart que destapó el diario es un escándalo por donde se le vea y traerá consecuencias inevitables sobre la gerencia e imagen de la empresa. Más allá de revelar las prácticas corruptas realizadas por los gestores, que fueron avaladas por la dirección corporativa en México, los altos ejecutivos de Wal-Mart en su cuartel central en Bentonville, Arkansas; decidieron no solo no ir al fondo del asunto, aplicar las sanciones correspondientes, y las denuncias públicas ante las autoridades de México y Estados Unidos; sino que decidieron mantener la información en secreto a fin de no perjudicar su prestigio corporativo y proteger a sus altos ejecutivos que, claramente, estuvieron involucrados en estos asuntos de corrupción.

 

En una palabra, los altos ejecutivos de Wal-Mart tiraron a la basura sus códigos de ética y sus programas corporativos para combatir la corrupción, que tanto presumieron.

 

La otra cara de la moneda en este caso son las autoridades de los gobiernos estatales y municipales involucrados y que el reporte periodístico no identifica. Cómo olvidar, por ejemplo, las reiteradas denuncias planteadas por el Frente Cívico por la Defensa del Valle de Teotihuacán que en 2004 insistentemente increpó a Wal-Mart de México y a las autoridades municipales y federales de violentar los reglamentos para construir una tienda del grupo estadounidense en esa zona arqueológica del Estado de México. Las denuncias no sirvieron de mucho y finalmente la tienda se estableció allí a pesar de la ausencia de permisos, como lo señalaron en aquel tiempo los activistas ciudadanos.

 

Pero los casos se multiplican como la corrupción entre los funcionarios municipales y estatales que recibieron miles de dólares de los gestores y directivos de Wal-Mart, según documentan los testimonios recogidos por el Times.

 

¿Quiénes son estos funcionarios y qué gobiernos recibieron estos sobornos? Son las preguntas que ahora deben responderse a partir de una investigación seria desde la secretaría de la Función Pública a pesar del tiempo transcurrido.

 

El caso es una muestra más de la corrupción sistémica enquistada en el sector público y que tiene en estas grandes empresas a sus mejores ‘aliados’.

 

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