La Cámara de Senadores avaló por unanimidad, con cambios, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

 

La nueva ley, devuelta a la Cámara de Diputados, sanciona con penas que van de los cinco a los 40 años de prisión a quien cometa delitos en materia de trata de personas en sus diversas modalidades.

 

Al hablar en favor del dictamen, la senadora Judith Díaz Delgado indicó que la legislación abroga la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, con lo que México cumple con compromisos internacionales en la materia.

 

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado precisó que se agrava el delito de trata de personas para combatir la explotación sexual, laboral, la esclavitud, la servidumbre y la extirpación de órganos humanos.

 

A su vez, el senador Guillermo Tamborrel, del Partido Acción Nacional (PAN), advirtió a las autoridades que el Senado estará muy pendiente de que apliquen esta ley con todo rigor, para proteger los derechos de los más vulnerables, como son las víctimas de trata.

 

El dictamen avalado define como explotación de una persona la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución u otra forma de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados y la mendicidad forzada.

 

También la utilización de menores de 18 años en actividades delictivas y su adopción ilegal; el matrimonio forzoso o servil; tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos.

 

Sin embargo, la Cámara alta eliminó la criminalización de los padres que no se daban cuenta de la comisión del delito de trata, pues la minuta los sancionaba con penas de tres a 10 años de prisión, y se redujeron diversas penalidades.