En los años 70, cerca de 400 compañías americanas admitieron haber pagado un poco más de 300 millones de dólares a funcionarios de gobiernos extranjeros para obtener favores y facilitar la operación de sus negocios. Muchos de estos gobiernos no apoyaban la política exterior de los Estados Unidos e inclusive se habían vuelto hostiles hacia los intereses de los americanos. Sin embargo, existía un problema de fondo, las compañías americanas no podían participar ni fomentar actos de corrupción. Por eso, en el año de 1977 se promulgó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, por sus siglas en inglés), el cual fue apoyado por la OCDE.
La FCPA prohíbe a las compañías americanas o a cualquiera de sus subsidiarias, y sus empleados, el propiciar directa o indirectamente el soborno a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de esta acción. El incumplimiento puede ocasionar sanciones que van desde multas económicas de 500 mil dólares hasta intervención judicial.
A partir de que la ley Sarbanes-Oxley (SAROX) fue aprobada por el senado estadounidense en el 2001, el cumplimiento de la FCPA ha tomado mayor importancia como consecuencia de la relación que ambas leyes tienen. SAROX exige a las empresas cumplir cabalmente con la exactitud de los registros contables, lo cual no podría lograrse si la empresa ha cometido actos de corrupción, por ejemplo, mediante el pago indebido (fuera de los registros contables) a funcionarios públicos. A su vez, el papel de los Comités de Auditoría de las empresas registradas en los mercados financieros han provocado una serie de auto investigaciones por parte de las empresas.
Estos ejercicios de auditoria interna han sido vistos con buenos ojos por las autoridades regulatorias como el Departamento de Justicia y la Securities & Exchange Commission (SEC), ya que si una empresa declara de manera voluntaria que violó el FCPA, las multas son mucho menores y la intervención judicial se sustituye por la puesta en marcha de un programa fortalecido de auditoria interna.
Compañías como Tyson tenía en la nomina a las esposas de los veterinarios que inspeccionaban las exportaciones de pollo; Paradigm y Bridgestone pagaron a personal de Pemex para obtener contratos; Texas Business International y ABB se coludieron con funcionarios de la CFE y BizJet pagaba comisiones a personal del Estado Mayor y de la SSPF.
Todos estos casos de corrupción se han dado a conocer en los Estados Unidos, ya que las autoridades mexicanas, en especial la Secretaría de la Función Pública, carecen de capital humano para detectar estos fraudes.
Este cúmulo de eventos se suman a los riesgos que enfrenta las compañías extranjeras al invertir en México, ya que el caer en actos de corrupción los puede afectar en su imagen, prestigio de marca, costosas investigaciones legales por autoridades, juicios costosos y demandas por los accionistas que inclusive podrían afectar el control corporativo de la empresa.
Los escándalos de corrupción impidieron que Carlos Salinas de Gortari participara en Consejos de Administración de muchas transnacionales que querían tener al “arquitecto de NAFTA” como consejero. En cambio, el Presidente Zedillo participa actualmente en tres consejos y varias asignaciones internacionales, dado su prestigio en los circuitos financieros internacionales. Los escándalos derivados del FCPA en nada favorecen la reputación del presidente Calderón que no paró ni impidió estos actos de corrupción. Por lo menos un banco español, que paga a los beneficiarios de Oportunidades, está repensando una posible invitación al consejo, al igual que una prestigiada universidad de la costa oeste.
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