España está en horas bajas y en el tablero global no ha podido evitar la expropiación del 51% del capital de YPF sociedad participada mayoritariamente por la española Repsol. El gobierno argentino justifica la expropiación por motivos de utilidad pública y  en esta operación hunde la cotización de YPF, lo posibilita su total adquisición a precios de saldo. Una empresa que hace pocos meses fue calificada de modelo al descubrir el gran yacimiento de Loma de Lata y que gracias a la inversión de Repsol se dispuso de la tecnología para ello. La decisión de Argentina se enmarca en su nacionalismo creciente que de momento ha tenido una respuesta neutra de Washington, mucho más fuerte de Londres que mantiene su pulso por las Malvinas y un cierto enojo de la Unión Europea en palabras del presidente de la Comisión Europea que ha suspendido la reunión de un comité bilateral con Argentina. Argentina cuenta con el apoyo de grupos que defienden que los recursos naturales pertenezcan a la nación, actitud muy popular en América Latina, que paradójicamente igual acusan a los políticos de rateros que los aplauden cuando nacionalizan.

 

Argentina justifica la expropiación en términos de la soberanía nacional dada la disminución de la producción de la empresa y el inaceptable déficit energético. España y la propia empresa se remiten a la vulneración de la seguridad jurídica, ya que se cumplieron los contratos y concesiones. Más allá de esta confrontación jurídica que deberá ser resuelta en el ámbito internacional, la realidad es que nos hallamos en el principio del fin del Consenso de Washington (tan denostado por la izquierda) que permitió que América Latina recibiera los mayores flujos de inversión directa del final de la década de los noventa e inicios de este siglo. La seguridad jurídica de las inversiones que se derivaron normativamente de dicho Consenso y que tanto han beneficiado a América Latina, se han convertido con la expropiación de Repsol-YPF en acuerdos de alto riesgo y escaso valor. El acuerdo de protección recíproca de inversiones entre España y Argentina ha saltado por los aires.

 

Esto no afectará solo a las inversiones en Argentina, sino a todos los países de América Latina y en particular a aquellos que ya tienen gobiernos favorables a esta decisión y a aquellos que tienen expectativas de cambios de gobierno en la misma línea. La incertidumbre perjudicará las inversiones en la región aunque pueda beneficiar el oportunismo inversionista de los grupos que obtienen ventaja de la ausencia de reglas o de la arbitrariedad o incumplimiento de las mismas. La presidencia de México ya reaccionó a la contra. Pemex se ve afectada ya que posee el 10% del capital de Repsol. Habrá que ver cuál es la reacción empresarial. Ante este nuevo desafío, ambas empresas pueden avanzar o retroceder conjuntamente en la estrategia de internacionalización.

 

Argentina se ha cobrado la pieza preciada de una España debilitada por la crisis, que no anticipó la jugada y que deberá cambiar profundamente su estrategia de diplomacia iberoamericana. Las fuertes inversiones españoles en Argentina dejan poco margen de maniobra al gobierno español. Argentina oportunamente ha anunciado la expropiación coincidiendo con la Cumbre de las Américas en Cartagena (Colombia) buscando complicidades, silencios y sin recibir fuertes condenas. Y ha coincidido también con el inicio en Puerto Vallarta (México) del Foro Económico Mundial sobre América Latina y en cuyo marco se celebra la reunión de trabajo de ministros de comercio del G-20.  Rajoy acudió al Foro y tuvo que cambiar la agenda. El protagonismo de Argentina ha neutralizado el efecto positivo que Latinoamérica quería proyectar al mundo desde México. El daño ya está hecho y el tiempo permitirá ver quiénes son los beneficiarios reales de la decisión de expropiación.

 

*Director de la revista Foreign Affairs Latinoamérica