WASHINGTON. Los argumentos en favor y en contra de la polémica ley de inmigración del estado de Arizona, EU fueron presentados ayer en una audiencia en el Senado estadunidense, un día antes de que el Tribunal Supremo los escuche para decidir el futuro de esa norma.
Ante el Comité Judicial de la Cámara alta, críticos de la medida, como el senador demócrata y presidente de ese órgano, Charles Schumer, y el también demócrata Richard Durbin, reiteraron que las normas migratorias sólo deben promulgarse en el ámbito federal y los estados carecen de atribuciones para ello.
“Solamente en 2011, los legisladores estatales de todo el país presentaron 1.607 proyectos de ley y resoluciones relativas a la inmigración. (…) Cinco estados: Alabama, Georgia, Indiana, Carolina del Sur y Utah han creado leyes siguiendo el ejemplo de Arizona”, advirtió Schumer aludiendo a la necesidad de una legislación migratoria federal.
Según este senador, promotor de la audiencia de ayer, que se centró en la constitucionalidad de esa ley, era necesario que la Cámara alta tratara este asunto debido a que el Supremo, que comenzará mañana a escuchar los argumentos relativos a la norma, conocida como SB1070, ha basado otras decisiones relativas a asuntos migratorios “en lo que el Senado había dicho previamente”.
Por su parte, Durbin reiteró el argumento que defenderá mañana el Departamento de Justicia y que alega que según la “Constitución, los estados no tienen el derecho a tramitar sus propias leyes adelantándose a las leyes federales en materia de inmigración”.
Como abanderado de los defensores de la ley se presentó su principal impulsor en Arizona, Russell Pearce, quien alegó el “coste real y el daño causado por la presencia de extranjeros ilegales en este país”.
En Arizona, un estado fronterizo con México, ese coste anual es de “aproximadamente 2.600 millones de dólares, sólo para educar, medicar y encarcelar”, sostuvo, antes de recordar también que cuatro de los cinco líderes en los atentados del 11 de septiembre de 2001 se encontraban en el país ilegalmente.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, llevó el caso ante la máxima corte de EU después de que tribunales federales de menor instancia bloquearan las partes más polémicas de la SB1070.
Así, aunque la legislación entró en vigor en julio de 2010, actualmente varias de sus secciones se encuentran suspendidas, entre ellas, una que permitiría a las agencias del orden cuestionar el estatus migratorio de las personas que “sospechen” sean indocumentadas.
El dictamen final de la Corte Suprema, que se emitirá previsiblemente en junio próximo, determinará no sólo la constitucionalidad de la SB1070, sino que también determinará los límites de la autonomía de los estados para poner en marcha sus propias leyes migratorias.