A más de un año del hallazgo de 183 cadáveres en Tamaulipas, de los 78 que permanecían sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) del DF, 77 ya fueron desalojados de ese sitio y están en la fosa común.
Sólo uno de ellos permanece en ese sitio, porque de acuerdo con lo externado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, existen posibilidades de lograr su identificación a través de personas que residen en El Salvador.
El responsable del Poder Judicial en la Ciudad de México dijo que ya casi no tienen cuerpos de los localizados en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, y sólo resta uno, el de un salvadoreño, “que nos empeñamos en que regrese a su tierra, y que sea identificado por sus familiares”.
Estableció que esos cadáveres se mantuvieron en el Semefo a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), y que que les enviaron el año pasado, 77 de ellos ya fueron enviados a la fosa común.
De esos cuerpos, el Semefo tiene resguardadas fotografías, huellas dactilares y pruebas de ADN, “para el efecto de que la identificación sea posible en el futuro”, información que está también en poder de la PGR.
Acotó que en el manejo de los cadáveres encontrados en las fosas de San Fernando el año pasado, se cumplió con todo el protocolo de identificación de la Cruz Roja Internacional.
Ninguno de los cuerpos pudo donarse a instituciones educativas, porque las condiciones en que se encontraban no eran aptas para este tipo de trabajo académico.
La determinación de que fueran trasladados los cadáveres localizados en fosas clandestinas de esa localidad tamaulipeca obedeció a que en esa demarcación y en esa entidad, no contaban con instalaciones suficientes y adecuadas para preservar los cuerpos, mientras trataban de lograr la identificación de los mismos.
Ya el Semefo de la Ciudad de México había servido en 2010 para preservar 56 de los 72 cadáveres que fueron encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas en San Fernando, desde el 24 de agosto de ese año.
Las fosas clandestinas encontradas en San Fernando, Tamaulipas, de acuerdo con autoridades federales y estatales correspondían a hombres migrantes provenientes en su mayoría de estados del centro del país, que iban de paso para poder cruzar la frontera por el Río Bravo.