La eventual investigación que inicie la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de los sobornos que pagó la década pasada la compañía Wal-Mart de México puede quedar sin efectos penales, luego de que los delitos en que habrían incurrido los funcionarios involucrados estarían prescribiendo a más tardar este año.

 

Autoridades de la dependencia federal confirmaron  a 24 HORAS que de no presentarse las denuncias correspondientes en breve, que propicien el inicio de una averiguación previa,  el Ministerio Público Federal estaría quedándose sin el sustento jurídico necesario para proceder en contra de los servidores públicos que estén relacionados.

 

Lo que se sabe hasta el momento a partir de la información dada a conocer sustancialmente por la prensa estadunidense, es que un ex directivo que salió de Wal-Mart de México en el 2004 reveló que dicha compañía, había acelerado su posicionamiento en el país a través del pago de sobornos para eliminar escollos legales.

 

Se presume que la división mexicana de la empresa, bajo el mando en ese momento de Eduardo Castro-Wright, movilizó más de 24 millones de dólares para estas dádivas, las cuales fueron repartidas a través de gestores que se encargaron de finiquitar los trámites correspondientes.

 

De acuerdo con la PGR, los delitos que podrían configurarse a partir de esa información, y como ha ocurrido en otros casos similares de sobornos a funcionarios mexicanos, van del enriquecimiento ilícito hasta el cohecho o la asociación delictuosa.

 

El problema, dijeron las autoridades, es que de acuerdo con lo establecido por el Código Penal Federal, la mayoría de estos delitos estarían prescribiendo este año y otros incluso ya lo hicieron, si se supone que los sobornos se pagaron en el 2004. En los casos de años anteriores, los hechos ya no pueden ser sancionados.

 

El  artículo 105 del  Código establece respecto a la prescripción de los delitos, que en caso de ameritar pena carcelaria, estos prescribirán en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, el cual comienza a correr desde el momento en que se cometió el delito.

 

Los delitos de mayor penalidad que se podría imputar a los involucrados son el enriquecimiento ilícito, el cohecho y el peculado, los cuales alcanzan penas de 2 a 14 años de prisión según los artículos 224, 222 y 223 respectivamente, para funcionarios que obtengan una ganancia ilícita por encima de los 500 salarios a mínimos, es decir, mas de 31 mil pesos.

 

La media aritmética para esos ilícitos, que resulta de la suma de la pena mínima más la máxima ente dos, es de ocho años de prisión, por lo que todos ellos prescribirán en algún momento del 2012, dependiendo del mes en que se cometió el ilícito.

 

Para el caso de los funcionarios que incurrieron también en esas conductas ilícitas, pero el soborno o ganancia que obtuvieron fue menor de los 31 mil pesos,  ya no pueden ser sancionados pues el delito prescribió a los 15 meses de cometido el delito.

 

En el caso del delito de asociación delictuosa estipulado en el artículo 164 del Código Penal Federal, la pena es de 5 a 10 años de cárcel, por lo que el periodo de prescripción es de 7 años y medio, los cuales ya transcurrieron desde el 2004.

 

Investigación compleja

 

Además de la posibilidad de que todos los delitos quedes prescritos, en la PGR advirtieron que la indagatoria penal relacionada con los sobornos que presuntamente pagó la compañía Wal-Mart de México podría ser compleja, y requerir varios meses antes de alcanzar las primeras conclusiones.

 

Uno de los primeros inconvenientes, explicaron las fuentes consultadas, es que al parecer no hay claridad respecto a quiénes fueron los destinatarios de los sobornos, pues además de que no se dicen nombres, tampoco se advierten  cargos de los servidores públicos involucrados ni a que nivel de gobierno pertenecen.

 

En la PGR presumen que muchos de estos funcionarios ya no estarían laborando en el servicio público, por lo que en todo caso se requerirá de una investigación documental, patrimonial, fiscal, y contable, de parte de la procuraduría que tenga la competencia, para sustentar una posible acusación en particular.

 

Además es necesario un cruce de información con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para detectar los pagos que se hayan hecho como gratificaciones, además de que es indispensable una auditoría completa a los movimientos de varios años de Wal Mart, para la verificación de la información contable.

 

“Esto es como armar un rompecabezas pero que además presenta otro problema y es el tema de los fueros, porque muchos de los delitos posiblemente atañan a servidores del fuero común y por tanto a distintas procuradurías”, revelaron en la PGR.

 

En todo caso, los estudios de impacto ambiental son los que podrían otorgar la competencia necesaria a la PGR  ya que estos son responsabilidad principalmente de la Semarnat aunque, en algunos casos, también hay recursos similares que se otorgan en los estados.

 

TRABAS

 

Los tres inconvenientesque, según la PGR, evitarían que la investigación prospere:

 

1.    Que los delitos ya prescribieron y algunos están a punto de hacerlo.

 

2.    Otro de los primeros y obvios inconvenientes, explicaron las fuentes consultadas, es que al parecer no hay claridad respecto a quienes fueron los destinatarios de los sobornos, pues además de que no se dicen nombres, tampoco se advierten  cargos de los servidores públicos involucrados ni a que nivel de gobierno pertenecen. En la PGR presumen que muchos de estos funcionarios ya no estarían laborando en el servicio público, por lo que en todo caso se requerirá de una investigación documental, patrimonial, fiscal, y contable, de parte de la procuraduría que tenga la competencia, para sustentar una posible acusación en particular.

3. Otro problema y es el tema de los fueros, porque muchos de los delitos posiblemente atañan a servidores del fuero común y por tanto, a distintas procuradurías. La mayoría de los trámites como los de uso de suelo que obtuvo Wal-Mart a través de presuntos sobornos, corresponden a las administraciones municipales y estatales. En todo caso, los estudios de impacto ambiental son los que podrían otorgar la competencia necesaria a la PGR  ya que estos son responsabilidad principalmente de la Semarnat aunque, en algunos casos, también hay recursos similares que se otorgan en los estados.