Aunque no existen cifras oficiales, cálculos de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de la República Mexicana indican que más de 25 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de turismo sexual en el país. La CNDH identificó como “focos rojos” tres destinos de playa, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, y la Ciudad de México.
La representante de las empresarias del sector turismo, Alicia Terán de Ortega, explicó en entrevista que el cálculo se basa en el último estudio “Infancia Robada” que presentó el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), donde se establece que en México había en el año 2000 aproximadamente 16 mil infantes afectados por ese ilícito.
La problemática no ha quedado fuera de la mira de instituciones y organizaciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que el pasado 25 de marzo informó que con ayuda de organizaciones no gubernamentales se han detectado esas prácticas en lugares con alta afluencia turística tanto nacional como extranjera.
De acuerdo con datos de UNICEF, en 21 de las 32 entidades del país hay explotación sexual infantil, y de acuerdo con la CNDH este ilícito genera a nivel mundial ganancias por más de 32 mil millones de dólares al año.
La titular de la AFEET coincide con la CNDH de que algunos de los principales destinos donde se da este problema son Tlaxcala (debido al cruce del ferrocarril que pasa por la entidad y atraviesa el país) Acapulco, Puerto Vallarta, Cancún, Tijuana y Tapachula, estos últimos por ser fronteras.
De acuerdo con la Dirección Regional en América Latina y el Caribe de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, México ocupa el quinto lugar en América Latina entre las naciones en las que más existe esta problemática; según sus cálculos, en la región hay más de 250 mil infantes padeciéndola.
INVOLUCRAN A LA IP
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó el 24 de abril una iniciativa, que involucra al sector turístico contra la trata de personas. Con base en el código ético de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se pide hoteleros y tour operadores ayuden a erradicar la problemática, ya que según estimaciones de ese organismo hay más de 2.4 millones de personas padeciéndola en todo el mundo.
El 11 de abril durante la XXV Reunión Ordinaria, la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados hizo un llamado al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, para que a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), se inicie una campaña dirigida a las empresas del sector para que adopten medidas para erradicar la explotación sexual infantil y pongan en marcha las políticas del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Dicho código fue firmado el 22 de agosto del año pasado por Sectur, DIF, empresarios turísticos y miembros y organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Infantia, que dirige Rosa Martha Brown.
Conforme a dicho código, las empresas se comprometen a incluir en sus políticas y procesos la protección de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género; además de capacitar y sensibilizar a su personal.
En entrevista, la titular de Infantia enlistó en entrevista algunos de los 12 destinos que ya firmaron el código en la República: León, Mérida, Tlaxcala, Puebla, Querétaro, Vallarta, Colima, Cancún, Campeche y Quintana Roo, siendo estos dos últimos los primeros en firmar el documento.
Armando de la Cruz Uribe Valle, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, adelantó que en septiembre, ya que se haya cumplido un año de la firma del código, harán un balance general de las acciones que se han realizado, el número de cursos hechos y cuántas personas se han capacitado.
La legislación
A poco más de un mes de su aprobación en la Cámara de Diputados, la semana pasada y a sólo unos días del término del periodo ordinario de la LXI legislatura, el Senado avaló la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas, la cual establece penas de cinco a 40 años para los que incurran en el delito.