Una vez más, los acontecimientos ponen en evidencia el desastre en el que está convertido el sistema jurídico mexicano en general, y el derecho penal en particular. Ya en estas páginas alguna vez afirmé que si algún candidato se comprometía a convocar a un congreso constituyente, tendría mi voto. Pero resulta imposible, porque atenta contra la sagrada partidocracia, y la clase política mexicana no está dispuesta a poner en riesgo ni la mas mínima de sus prebendas, ni en beneficio de México, ni de nadie que no sean ellos mismos.
Nuestra maltratada Constitución de 1917 es violada por sistema de manera cotidiana, desde los principios básicos de la presunción de inocencia, el debido proceso y la justicia expedita (quién haya estado recientemente en cualquier delegación denunciando un delito puede confirmar lo anterior), hasta batallas jurídicas de alto perfil que normalmente enfrentan al Estado, representado por un ministerio público ineficiente y mal pagado, con abogados de altos vuelos, que desde luego conocen todas las triquiñuelas que hay que aplicar para conseguir la libertad de practicamente cualquiera que tenga el dinero con qué pagarles, que no es poco. Esto coloca a los jueces en la inmoral posición de tener que aplicar la ley, sabiendo muy bien que sus decisiones frecuentemente se apartan de la justicia, que es el objetivo de cualquier sistema legal, y que en México está muy lejos de lograrse.
Todo esto viene al caso por el inminente regreso a México de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato de mineros, quien demostrablemente depositó en cuentas propias y de familiares, 55 millones de dólares pertenecientes al gremio, y de los que vivió un comodísimo exilio en Canadá de varios años, mientras en México sus abogados se encargaban de derribar, una a una, las muchas órdenes de aprehensión que se libraron en su contra. Usando tecnicismos legales irrebatibles, permitidos por la deficiente construcción de los expedientes en su contra preparados por las autoridades. Y ahora, a su regreso, ya amenazó con demandar al ex-secretario del trabajo Javier Lozano, y no dude usted que el señor Lozano vaya a dar al bote por lo menos una temporada.
Napoleón Gómez Urrutia heredó la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos de la República Mexicana del fundador del gremio, que fue su padre. Ahora, ya está proponiendo a su hijo para encabezar el gremio por tercera generación. Gómez Urrutia se hizo del liderazgo minero violando los estatutos del mismo, con la anuencia de su padre. Los estatutos claramente establecen que, para llegar a la Secretaría General, se tiene que haber trabajado en el sector. Napoleón nunca se ha ensuciado las manos en una mina, como no sea la de oro que significa el acceso a las cuotas de los mineros. Estudió en Europa, pero es claro que no se le quitó lo charro. De todos modos, Juan te llamas.
Si Napo regresa, recupera en la práctica el liderazgo de los mineros, se queda con los 55 millones de dólares del sindicato y logra ganar la demanda en contra de Javier Lozano, el Estado mexicano habrá completado otro de sus ridículos históricos, que ya resultan intolerables para la sociedad. Y, si no, Napo seguirá viviendo su vida loca en Canadá, al fin que los dólares de los mineros le alcanzan para eso, y más.
Y así.
@jorgeberry