Luego de 15 días de pesquisas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) definió como su principal y única línea de investigación respecto al homicidio del general retirado Arturo Acosta Chaparro, una ejecución dirigida por la delincuencia organizada, y cuyo móvil pudo ser un ajuste de cuentas.

 

La mecánica con la que se cometió el crimen y los potenciales nexos del general con cárteles del narcotráfico, han llevado al Ministerio Público capitalino a decantarse por esta hipótesis respecto a otras posibilidades que ya fueron desechadas.

 

“Faltan por desahogarse varias pesquisas, pero los antecedentes y la mecánica que hemos estudiado, todo nos lleva a la hipótesis de la delincuencia organizada. Es la línea en la que se está trabajando y que se ha reforzado” dijo a 24 HORAS un funcionario de la Fiscalía Especializada para Homicidios, que está a cargo del caso.

 

Las conclusiones de la indagatoria, asentadas en la averiguación previa FMH/MH1/T2/140/12-04, se darán a conocer oficialmente hasta que se logren las primeras consignaciones; sin embargo, la referida línea de trabajo es la que se seguirá primordialmente.

 

Por ello y a partir de esta semana, la PGJDF “blindará” los alcances de la indagatoria (lo que incluirá mantener bajo reserva los retratos hablados y el material de video), y se profundizará en algunos aspectos, entre ellos, las ampliaciones de declaraciones de personas que siguen en calidad de testigos.

 

Mario Arturo Acosta Chaparro murió el pasado 20 de febrero, frente a un taller mecánico de la calle Lago Trasimeno, en la colonia Anáhuac, luego de que un sujeto le disparó en tres ocasiones en la cabeza, para después darse a la fuga con otro cómplice que ya lo esperaba en una motocicleta.

 

Del análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad pública, las declaraciones de testigos y una reconstrucción de los hechos, se estableció que el homicidio fue un “ataque directo y premeditado”, es decir, los agresores actuaron con el único objetivo de asesinar al general retirado.

 

Además, se confirmó que los homicidas ya se encontraban en la zona del crimen antes que arribara el general, por lo que se advierte una organización bien estructurada y planificada, con la participación de más personas así como uno o varios responsables intelectuales.

 

La revisión documental respecto a los antecedentes y actividades de Acosta, así como el intercambió de información con autoridades federales y castrenses, permitieron verificar los señalamientos que en distintos momentos se hizo del general y sus presuntos vínculos con distintos capos del narcotráfico en las últimas dos décadas.

 

Las averiguaciones que en su momento integró la PGR en contra del general y que lo llevaron incluso a un proceso en el que fue condenado y luego absuelto, así como la documentación respecto al trabajo que llevaba a cabo en su despacho particular, ya se encuentran en el expediente.

 

Testimonio de El Grande

 

El procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, confirmó el viernes pasado que se ha incluido entre la evidencia documental, una declaración ministerial del narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, rendida ante la PGR el 26 de noviembre del 2010.

 

En dicho testimonio se señala que el general retirado recibió la década pasada, un pago de por lo menos medio millón de dólares de parte de los hermanos Beltrán Leyva, a cambio de la protección que les había facilitado de parte de miembros del Ejército sobretodo en el estado de Guerrero.

 

El Grande detalló en su confesión que Acosta Chaparro era tratado con “gran familiaridad” por los hermanos Beltrán, quienes incluso lo llamaban “el compadre”, y parecía que su vínculo venía desde hace varios años.

 

En otra reunión ocurrida a mediados del 2007 en una residencia de la delegación Tlalpan, luego de que los Beltrán Leyva y Los Zetas establecieron una débil alianza, Acosta Chaparro se reunió con los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, alias El Z-40 y El Z-42, quienes estaban interesados en conseguir la protección de altos mandos castrenses en Tamaulipas.

 

Autoridades de la PGJDF indicaron que aun no hay elementos suficientes para identificar con solidez que grupo delictivo fue el responsable del crimen, pero se presume como móvil un potencial ajuste de cuentas.

 

SIDE

 

15 bajo declaración

 

Tras establecer su principal línea de investigación, la PGJDF tomará a partir de esta semana ampliaciones de declaración ministerial a algunas de las 15 personas que ya testificaron en un momento, con la finalidad de enriquecer los elementos de prueba y en su caso, identificar potenciales responsabilidades.

 

Entre las comparecencias de mayor interés, dijeron en la dependencia, se encuentran la de las personas que acompañaban a la víctima el día del crimen: Federico González Mejía, chofer de la camioneta del general; y Honorio García Sánchez, quien realizaba funciones de escolta.

 

Los retratos hablados de los asesinos materiales y los videos que registraron los hechos han sido reservados por la Procuraduría para su uso interno de la Fiscalía de Homicidios, al menos de momento, debido a la naturaleza y lo delicado de la averiguación previa.