Un juez federal resolvió amparar a los familiares de un bebé de cuatro meses, quien murió en una guardería regulada por el gobierno capitalino, ya que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se negó a ejercer la acción penal en contra de algún responsable de que el pequeño broncoaspirara.
El juez 14 de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal, Alberto Díaz Díaz, consideró otorgar un amparo indirecto a los padres del bebé en contra del procurador de justicia de esta ciudad, Jesús Rodríguez Almeida, así como en contra del responsable de la Agencia de Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Fiscalía Desconcentrada de la delegación Coyoacán.
Esto, debido a que ambos funcionarios violentaron derechos fundamentales de los padres, “ya que faltan pruebas por recabar para poder determinar si existió o no responsabilidad penal” por parte del personal de la guardería, así como si hubo omisiones por parte de las autoridades relacionadas con las licencias de funcionamiento, seguridad y de protección civil.
A su vez, el juez contempló irregularidades como que el establecimiento operaba como guardería, pese a que sólo tiene permiso para educación prescolar.
La averiguación no aporta ningún dato respecto a que se haya investigado a ninguna autoridad del Gobierno del Distrito Federal, de las que estuvieron involucradas en los permisos, ni tampoco se indagó a ninguna autoridad federal ligada con la operación de esa estancia infantil.
Para otorgar la protección a los progenitores también se establece el criterio de que no hay una afectación sólo a estos, sino que cuando existe controversia por tratarse de menores, la afectación es a la sociedad en general.
La muerte del bebé ocurrió el pasado 24 de marzo de 2008, cuando se encontraba en la guardería privada ubicada en la delegación Coyoacán, la cual debe ser supervisada por las autoridades locales, en materia de permisos.
El efecto del amparo es que ahora el Ministerio Público de la PGJDF lleve a cabo las diligencias pendientes de recabar para definir si existe responsabilidad o no de las autoridades relacionadas, tanto locales como federales.