La Procuraduría General de la República (PGR) no investigará ni penal ni administrativamente a Margarita Vázquez Mota, quien el miércoles renunció a su cargo directivo en la Fiscalía Especial para los Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), tras darse a conocer presuntas irregularidades en su nombramiento y desempeño.

 

No obstante, los ordenamientos internos de la institución sancionan y son muy claros sobre las actividades en las que se requiere forzosamente contar con la licenciatura y respecto a los alcances que tiene el personal ministerial.

 

Autoridades de la dependencia que encabeza Marisela Morales confirmaron que en la Visitaduría General no se ha iniciado expediente ni indagatoria administrativa alguna en contra de la hermana de la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, pues no se advierte que haya incurrido en alguna irregularidad.

 

Sin embargo, 24 HORAS reveló que la funcionaria tuvo un ascenso vertiginoso en la dependencia durante los tres años y medio que se desempeñó en la misma, llegando a percibir al final un sueldo de 170 mil pesos mensuales, pese a no contar con algún título profesional e incluso, sin que exista claridad sobre qué cargo tenía entre 2008 y 2010.

 

Además, se revelaron documentos que la hermana de la candidata presidencial firmaba como “licenciada” y supliendo por momentos a la titular, situación para lo cual se requiere tener facultades de Ministerio Público, como se concluye del análisis de los artículos 13 y 19 de la Ley Orgánica; 7, 8 y 89 del Reglamento de esa Ley, y de los artículos 3 y 5 del Acuerdo A/024/08 mediante el cual se creó la Fevimtra.

 

Los ordenamientos detallan que el titular de la Fiscalía debe ser licenciado en derecho con cédula y con un ejercicio profesional de, por lo menos, cinco años, y lo exige como requisito indispensable si el área tienen a su cargo agentes del Ministerio Público o peritos, y tal es el caso de la Fevimtra.

 

La misma normatividad establece que quien sustituya al titular debe tener la jerarquía inmediata inferior y cumplir con los mismos requisitos que la fiscal.

 

Incluso, el Acuerdo por el que se creó la Fiscalía especifica que la persona que sea titular, tendrá calidad de agente de Ministerio Público y será competente para investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de violencia contra las mujeres y de trata de personas.

 

Eso significa que el funcionario que suple a la fiscal, sea en ausencias breves o largas, tiene las mismas facultades y responsabilidades, en este caso Vázquez Mota, con estudios de diseño gráfico.

 

Si fuera necesario, al estar sustituyendo a su jefa, debería tener la capacidad y experiencia para investigar, ordenar careos, interrogatorios o peritajes e incluso consignar a presuntos responsables, por ejemplo.

 

Fuentes de la PGR insistieron en señalar que desde su llegada en 2008 y hasta ocupar su último cargo como Coordinadora de Información y Políticas Públicas de Fevimtra, Margarita Vázquez se desempeñó siempre en funciones técnicas y no ministeriales, relacionadas con temas de atención a víctimas, por lo que no requería contar con un título profesional en derecho.

 

Tras la publicación de la información en este diario, Vázquez Mota renunció a su cargo argumentando que pretendía evitar una ofensiva política que afectara la candidatura de su hermana, y a la propia PGR, aunque insistió en que no cometió ninguna irregularidad.

 

La dependencia federal por su parte, aclaró que la renuncia era una determinación personal de la ahora ex servidora pública, y recalcó que no hay irregularidad alguna en su desempeño y por lo tanto, no se iniciaría alguna indagatoria de tipo administrativo.

 

Respecto al delito de usurpación de profesión contemplado en el artículo 250 del Código Penal Federal, se informó que no se abrirá ningún expediente de oficio, y en consecuencia, los hechos serán indagados sólo si se presenta la denuncia correspondiente en el Ministerio Público Federal.

 

Penalistas consultados por 24 HORAS sobre este tema, consideraron que si bien no puede concluirse de antemano que la hermana de la candidata presidencial incurrió en alguna falta, tampoco puede hacerse lo contrario, es decir, prejuzgar que no hubo irregularidades y no indagar los hechos.

 

El abogado José Antonio Ortega, quien además es presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, puntualizó que la renuncia de la funcionaria no es una “excusa” que impida a la procuraduría investigar los hechos dados a conocer.

 

Por su parte, el vicepresidente del Colegio de Abogados de México, Octavio Lamadrid, confió en que la dependencia que encabeza Marisela Morales llevará a cabo un diagnóstico referente a lo ocurrido, y actuará en consecuencia si es que se encuentra alguna irregularidad que perseguir.