Miami. Agricultores en Alabama cultivaron menores superficies de siembras que requieren mucha mano de obra, como tomate y melón, ante el éxodo de jornaleros indocumentados que temen a la polémica ley antiinmigrante HB 56, afirmaron fuentes del gremio.

 

Representantes de asociaciones agrícolas informaron que redujeron las superficies de siembra, ante la posibilidad de que, al igual que el año pasado, falten trabajadores para recoger las cosechas.

 

Rex Vaughn, presidente de la Federación de Agricultores del Condado de Madison, en el norte de Alabama, advirtió que la disminución de áreas de cultivo de legumbres afectarán los precios a finales del año.

 

“Eventualmente veremos un aumento en los precios de productos en los supermercados”, dijo Vaughn, aunque estimó que la compra de productos de otros estados puede “suavizar” la carestía, que estimó “fácilmente (en) un aumento del 10 al 20 por ciento en los precios”.

 

Vaughn explicó que productores como él, que se enfocan en la siembra de algodón y maíz, no sufrirán tanto por la escasez de trabajadores, ya que este tipo de cultivos está mecanizado.

 

“Una gran cantidad de agricultores se está viendo forzada a realizar los ajustes, no ve otra opción. Está tratando de cumplir con la ley”, aunque todavía se desconoce la cantidad de productores que se sumarán a esta reducción, indicó el representante de los agricultores.

 

Vaughn dijo que algunos agricultores se ajustan con mayor rapidez al cambio, en especial aquellos que pueden pagar mayores salarios a los trabajadores legales.

 

De acuerdo con la Federación de Agricultores de Alabama, más de mil agricultores cultivan en la entidad productos que requieren de mano de obra intensiva.

 

La polémica ley antiinmigrante HB 56, considerada la más dura de las promulgadas hasta ahora por las distintas entidades estadunidenses, entró en vigor el 28 de septiembre de 2011.

 

La ley autoriza a los policías de Alabama investigar la situación migratoria de las personas que detienen por alguna sospecha o infracción menor, y detenerlas en caso de no contar con autorización para residir en el país.

 

La aplicación de la norma ha afectado a agricultores, constructores, restauranteros y hoteleros, entre otros, por la carencia de mano de obra creada por el éxodo de indocumentados que temen ser detenidos como consecuencia de la ley.