A mediados del 2011 inició una nueva fase de la ofensiva liderada por la DEA y el gobierno de Colombia para desmantelar las capacidades financieras del Cártel de Sinaloa. Del mes de noviembre a la fecha se han decomisado propiedades, cuentas bancarias, negocios, aviones e inclusive empresas al servicio de este grupo para el trasiego de cocaína. Esta ofensiva tuvo un impacto considerable en la operación del grupo de El Chapo Guzmán y como consecuencia lo forzó a trasladar parte de sus activos y operación a Ecuador, Argentina y Perú. Venezuela, pese a su proximidad, no era opción por la estrecha relación que tienen las FARC y los Beltrán Leyva con los militares que son los que controlan el espacio aéreo y los puertos para el trasiego de cocaína y heroína.

 

La organización de Guzmán tenía una importante cantidad de recursos monetarios que no podía mover de Sudamérica, por la presión de la DEA y el gobierno colombiano. La decisión fue invertir el dinero y poner los activos a trabajar. Rápidamente retomaron los viejos contactos que tenía El Güero Palma en Perú con productores de cocaína, para realizar nuevas inversiones. Sin embargo, había cosechas que ya estaban destinadas a otros compradores mexicanos, por lo que la organización de Sinaloa ofreció pagos de 200 a 300 dólares adicionales por kilo, aumentando el precio promedio de cocaína en estas zonas de 2 mil 100 USD a 2 mil 300 USD. Los productores de cocaína en Perú y Ecuador no dudaron en sellar los pactos con el Cártel de Sinaloa para ser su nuevo proveedor, por lo menos en esta cosecha.

 

Esto generó una baja de abastecimiento en los inventarios de Los Zetas, que al enterarse de la causa, realizaron la intercepción de varios cargamentos de cocaína pertenecientes a El Chapo Guzmán, en Chihuahua. Cuando hay un robo de mercancía a los grandes grupos, estos a pesar de ser rivales, detienen la venta de droga en la plaza forzando a que los que tienen el cargamento robado lo vendan en el mercado local. Esto facilita la detección de la mercancía robada y los responsables por lo general son ejecutados, ya que el robo de mercancía entre los grandes cárteles es algo que tratan de evitar a toda costa. El aumento de operaciones de grupos independientes de traficantes en Juárez apuntaba a que los robos pertenecían a uno de estos grupos, pero cuando los encargados de la plaza por parte de Los Zetas y Beltrán Leyva se negaron a detener sus operaciones, la organización de El Chapo Guzmán determinó que el robo está aprobado por sus enemigos.

 

Es aquí donde inicia el enfrentamiento entre estos grupos, que se ha vuelto en una espiral de violencia que lleva más de 200 muertos en tres semanas. Ataques en las “plazas” de Nuevo Laredo, Culiacán, Zapopán, enfrentamientos en la Sierra de Sinaloa y emboscadas en Durango y Nuevo León. Lo más grave es que esta escalada de violencia sigue sin que las autoridades la puedan detener.

 

Aún no se sabe si las victimas son “daños colaterales” o no. Pero la falta de capacidad de investigación y el desatender las primeras ejecuciones conllevó a los hechos del domingo en la madrugada, donde 49 personas fueron encontradas muertas. La última preocupación de los asesinos era ser capturados por la policía estatal o federal, ya que ellos saben que las investigaciones nunca tienen continuidad y se pierden entre los dimes y diretes entre la Federación y los estados.

 

Uno de los errores más graves de la administración del gobierno de Felipe Calderón fue el de repartir culpas y no asumir el liderazgo para articular un frente común contra la delincuencia organizada, con la participación de los gobiernos estatales. La falta de preparación de los funcionarios mexicanos a nivel federal y el poco interés de esta administración por combatir el lavado de dinero explica por qué en Colombia expropian propiedades al Cártel de Sinaloa y aquí solo recogemos sus cuerpos.

 

info@risk-evaluation.net | @albertoislas