Cíclico como los huracanes ha sido el incumplimiento de la ley respecto del monto financiero anual que el Estado debe destinar a la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a pesar de que el artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología señala expresamente que “el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país”.
 
Cualquier persona que se pase un alto, omita declarar sus impuestos o pagar por algún bien o servicio recibido se atiene a las consecuencias legales de sus actos. Sin embargo, la omisión que nos ocupa se repite desde el 1 de septiembre de 2004, fecha de la promulgación del 9 bis, sin que hasta ahora haya sido llamado a cuentas funcionario alguno o institución.
 
Por ello, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, en acatamiento a lo ordenado por su mesa directiva, entregó a la Secretaría de la Función Pública  una denuncia contra “los servidores públicos que resulten responsables, por no haber realizado las acciones pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología y 25 de la Ley General de Educación”.
 
Existen, desde luego ciertas interrogantes al respecto. Por ejemplo, ¿a quién se podría exigir una explicación? De entrada, a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues, de acuerdo con la referida ley, es esa instancia la responsable de proponer cada año un paquete suficiente de recursos para la investigación científica que hace en México.
 
Otra pregunta es ¿cuánto ha dejado de recibir el conocimiento científico, digamos, en lo que va del sexenio? De acuerdo con la denuncia presentada por el Foro Consultivo, la investigación científica y el desarrollo tecnológico nacionales el monto de la omisión de recursos entre 2006 y 2012 es del orden de cuatrocientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro millones de pesos corrientes ($464, 484, 000, 000.00). ¿Cuántos proyectos de investigación, laboratorios o bibliotecas pudieron echarse a andar con este capital?
 
Y también ¿cómo nos afecta a los ciudadanos esta omisión? De acuerdo con la propia denuncia: “El no otorgar dicho monto a los dos rubros referidos (ciencia y tecnología N.R.) ocasionó sin duda daños y perjuicios a nuestro país, pues impidió el adecuado desarrollo de tales actividades, afectando no solamente a las instituciones y personas que las llevan a cabo, sino a la sociedad en su conjunto, cuyos integrantes son los destinatarios finales de los productos de la investigación científica y el desarrollo tecnológico”.
 
Si bien en el caso de los huracanes –que por cierto iniciaron ya- no hay posibilidad de señalar responsables, sí los hay respecto del incumplimiento de la ley en materia de inversión pública para la ciencia, es por ello que destacados miembros y actores de la comunidad científica, del sector productivo y de la sociedad en general exigen hoy el cabal rendimiento de cuentas. Como suele decirse en ocasiones como estas: la denuncia debe llegar hasta sus últimas consecuencias y caiga quien caiga, de otro modo será un tanto más para la impunidad.
 
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