En el momento ministerial oportuno, la Procuraduría General de la República (PGR) citará a declarar a dos priistas que desempeñaron cargos públicos en el gobierno municipal de Teotihuacán, estado de México, por su presunto vínculo con lavado de dinero producto del narcotráfico.
24 HORAS publicó ayer que los involucrados son el ex presidente municipal de Teotihuacán a principios de los 80, Eloy Morales Reyes, así como del ex secretario del Ayuntamiento y potencial candidato a la presidencia municipal de esa misma localidad, Rafael Compeán León.
De acuerdo con las investigaciones que se iniciaron en Estados Unidos, los ex servidores públicos del PRI tienen nexos con Julio Cesar Piña Soberanis, alias El Mexicano o Julio , quien durante varios años fue el vínculo de los Beltrán Leyva con la guerrilla de las FARC, para el trasiego de cocaína desde Colombia.
“Esto es parte de una investigación que sigue en curso a partir de la información compartida por la DEA, los ex servidores públicos a los que se hace referencia aun no tienen la calidad de probables responsables, sin embargo, en el momento ministerial adecuado se les citará para que declaren como testigos en torno a varias propiedades”, dijo una autoridad de la PGR con conocimiento del caso.
Con su eventual declaración y de las pruebas contables y documentales que se reúnan, el Ministerio Público de la Federación resolverá si existen elementos suficientes para proceder en contra de los funcionarios por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o si por el contrario el expediente se manda al archivo.
La postura oficial y pública de la PGR en torno a este asunto, se dará a conocer hasta que se determine ministerialmente la indagatoria, para lo cual, no existe un plazo definido.
La averiguación previa en la que se encuentran mencionados Morales Reyes y Compeán León está radicada en la Subprocuraduría de Investigación Especial en Delincuencia Organizada (SIEDO), y en específico, es responsabilidad de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Las autoridades tienen identificadas cerca de 20 propiedades relacionadas con los referidos priistas pero cuyas escrituras se encuentran a nombre de conocidos y familiares, y cuyo valor catastral superaría los 150 millones de pesos. Se trata de una cantidad inaccesible para el salario que percibieron los involucrados.
En la PGR indicaron que con el apoyo de la Unidad de inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se verifica la legitimidad de dichas propiedades, así como el origen de los recursos con los cuales fueron adquiridas.
Este caso de presunto lavado de dinero del narcotráfico, en el que tampoco se descarta que haya mas funcionarios o ex funcionarios involucrados, surgió a partir de los trabajos de inteligencia realizados por la DEA desde febrero del 2009, y que derivaron en la llamada “Operación Golfo” puesta en marcha junto con Colombia.
La finalidad, era esclarecer el vínculo que existía entre la organización delictiva de los Beltrán Leyva con la denominado Frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para posibilitar el trasiego de droga y principalmente de cocaína, desde América del Sur hacia los Estados Unidos.
Como resultado de estos trabajos se derivaron diversas detenciones, entre ellas la del mexicano Julio Cesar Piña Soberanis, quien trabajaba para los Beltrán Leyva y mantenía el contacto con los guerrilleros colombianos. El Mexicano fue liberado luego de que aceptó fungir como informante de la DEA.
En sus declaraciones destaca que Arturo Morales, hermano el ex presidente municipal Eloy Morales Reyes, se encuentra casado con una de las hermanas de Julio César Piña.
Respecto al ex secretario del ayuntamiento y potencial candidato a la presidencia municipal de Teotihuacán, Rafael Compeán León, la PGR investiga al menos nueve propiedades a su nombre que por tienen valor superior a 42 millones de pesos.
La Procuraduría puntualizó que dado que los ex priistas siguen bajo investigación pero no se ha procedido ministerialmente en contra de ellos, sus derechos políticos se mantienen intactos pues no generan, al menos de momento, antecedentes penales.
Comments are closed.