Las defensas de dos de los cuatro militares sujetos a arraigo domiciliario por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, se quejaron de que ya cumplieron siete días incomunicados de sus clientes.
El abogado Alejandro Ortega Sánchez, defensor del general Tomás Ángeles Dauahare, acusó que el militar retirado está por cumplir una semana sin haber recibido la asistencia legal adecuada, pues no se le ha permitido verlo ni comunicarse con él, y mucho menos tener acceso al expediente con el que lo vinculan.
“El sábado teníamos una cita en la SIEDO a las 13 horas donde ya se me iba a reconoce la defensa del general, y cuando llegamos nos dijeron que siempre no había cita, en una absoluta falta de seriedad y violaciones a los derechos de mi cliente.
“Mañana (lunes) iremos nuevamente para ver si ya se cumple con este procedimiento”, indicó el litigante en entrevista.
El abogado señaló que desde el martes de la semana pasada, cuando Ángeles fue detenido, le entregó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) un documento denominado “designación de derechos” y en el cual se acredita que Ortega encabeza la defensa legal del general retirado. Pese a ello, no se ha permitido el acceso.
En una situación similar se ubica el general brigadier Roberto Dawe González, cuyo abogado José Ordoñez González, según dijo, tampoco ha podido verlo desde que fue presentado en las instalaciones de la subprocuraduría el pasado15 de mayo.
Ortega recordó que por estos hechos ya se encuentra interpuesta una queja ante la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) y adelantó que también se iniciará un procedimiento en l Subprocuraduría para Derechos Humanos de la PGR, la cual será presentada en el módulo especializado del Centro de Arraigos de la propia dependencia federal.
El viernes pasado, el organismo defensor de los derechos humanos solicitó informes a la PGR en torno a las quejas presentadas por los abogados del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Ángeles Dauahare y del general brigadie Dawe González, para verificar si se han vulnerado las garantías de los militares.
Ante la autoridad ministerial, el general Ángeles se limitó a calificar como “falso y ridículo” el motivo de su aprehensión. Estas breves palabras las pronunció el mando castrense antes de que el Ministerio Público de la SIEDO intentara tomarle una declaración ministerial por sus supuestos vínculos con la organización delictiva de los Beltrán Leyva y Los Zetas.
Autoridades de la dependencia federal señalaron a 24 HORAS que tras expresar el referido comentario ante la presencia de un abogado de oficio, el también ex subsecretrario de la Defensa Nacional se reservó su derecho a dar un testimonio más amplio.
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