La Procuraduría General de la República (PGR) preparaba una orden de presentación en contra del general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, que se frustró debido al asesinato del militar el 20 de abril pasado.
Acosta Chaparro pudo ser el quinto militar de alto rango detenido por las autoridades federales en las últimas semanas por sus vínculos con el narcotráfico, y en específico con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
En el marco de las investigaciones que la PGR lleva a cabo por los presuntos vínculos que logró establecer el cartel de Los Beltrán Leyva con algunos liderazgos castrenses entre el 2005 y el 2010, se prevé ampliar en próximos días las declaraciones de testigos protegidos y la de varios denunciantes más.
Se trata del caso por el cual ya fueron detenidos y arraigados por un periodo de 40 días los generales de División Diplomados de Estado (DEM) Mayor retirados Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, el general brigadier DEM, Roberto Dawe González, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Autoridades de la dependencia que encabeza Marisela Morales informaron que la investigación, asentada en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010, se comenzó a integrar en el año 2010, a partir de datos, declaraciones y algunas evidencias reunidas en los últimos cuatro años.
La hipótesis es que estos militares, sin que se descarte aún a otros, aceptaron pagos de parte de la delincuencia organizada y en específico del referido cartel, a cambio de protección en sus operaciones de trasiego de drogas, así como de información respecto a operativos, y datos de inteligencia.
En este mismo expediente, revelaron las autoridades, también se encuentra involucrado Acosta Chaparro, a quien se le preparaba una nueva orden de presentación.
Con la medida cautelar obtenida para los detenidos, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) cuenta con cinco semanas para enriquecer los elementos de prueba que están plasmados en el expediente.
Una de los pasos que se llevarán a cabo en el marco de estas diligencias es la de ampliar las declaraciones de testigos protegidos y ex narcotraficantes que señalaron a los militares, y que según la PGR se encuentran “totalmente localizables”.
Entre los testigos protegidos se encuentra Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, un ex colaborador del narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, quien dijo que los Beltrán Leyva tenían una “narconómina” de militares, los cuales incluso llegaron a capacitar a sicarios en tácticas contra el Ejército.
Otro testigo es Mateo, quien en realidad es Sergio Villarreal Barragán o El Grande, ex capo de los Beltran Leyva, y quien ha acusado a varios mandos militares, entre ellos el extinto Acosta Chaparro, de haber recibido pagos de hasta medio millón de dólares a cambio de protección e información.
Otros dos testigos protegidos son El Iván y María Fernanda, también ex narcotraficantes, aunque su identidad no se ha precisado.
Según lo que indicaron en la PGR, en el expediente también se ubican las declaraciones de por lo menos ocho militares o militares retirados, entre ellos algunos generales, quienes advirtieron acciones y conductas sospechosas de los arraigados.
Los nombres de estos elementos castrenses se encuentran bajo reserva, aunque trascendió que uno de ellos es el mayor Arturo González Rodríguez (procesado también por nexos con el narcotráfico), quien ha señalado a Dawe González como responsable de varias irregularidades en el Cuerpo de Guardias Presidenciales.
La PGR busca ahora que varios de los declarantes en la indagatoria corroboren con una confronta de fotografías si los generales arraigados son efectivamente los involucrados, y proporcionen mas detalles.
Además, de forma paralela, el Ministerio Público Federal ha instruido otras diligencias documentales y contables para los probables responsables, con el fin de identificar posibles el movimiento de efectivo o adquisición de propiedades que no se justifiquen.
Durante el periodo de arraigo, la representación social también ampliará las declaraciones que ya rindieron en calidad de presentados los mandos castrenses detenidos.