Miguel Ángel Mancera, candidato del Movimiento Progresista a la jefatura de Gobierno del
Distrito Federal, aseguró que al llegar al GDF convertirá el acceso a internet en un derecho humano.
Al firmar la carta compromiso de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que preside Luis González Placencia, el ex procurador capitalino aseguró que la administración local buscará los mecanismos financieros necesarios para garantizar la conexión a internet de los capitalinos.
Sin embargo, en este año Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, canceló el Fideicomiso Ciudad Digital con el cual se generarían espacios de internet gratuito a causa de falta de presupuesto.
Al respecto, Mancera dijo que en su administración se van a buscar las formas de financiamiento para reanudar el programa.
“Vamos a contar con los recursos, obviamente tenemos que empezar por crear espacios donde haya esta cobertura digital. Lo que no se puede permitir el gobierno es no estar atento de lo que ya marcó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que es tener lugares de acceso universal a internet”, aseveró.
Mancera descartó que vaya a haber un conflicto con las empresas de telefonía en el país, porque “va a haber competencia y si tienes un servicio y hay alguien que quiera darlo tres o cuatro veces mejor, ya será de la gente que pueda pagarlo”.
Explicó que por ahora no se tiene pensado una alianza con las empresas del ramo, pero “obviamente todos los que se quieran sumar, bienvenidos”.
Sobre la carta compromiso, el abanderado de las izquierdas comentó que es una línea de posicionamiento que tiende mayores vínculos y que además enfoca las mismas directrices y las mismas miras de gobierno y de órganos encargados de la protección de los derechos humanos.
“Celebro esta convocatoria porque en los postulados que entiendo que son enunciativos y no limitativos, como se ha planteado ya acá, pues esa es una forma de ganar de la sociedad. Nosotros habremos de dar cumplimiento”.
La carta compromiso establece que el próximo jefe de Gobierno de la ciudad deberá constituir un gobierno democrático basado en los derechos humanos y libertades fundamentales como el respeto a la dignidad, la autonomía de las personas, la igualdad y no discriminación, la participación ciudadana y la perspectiva de género.
Además, incorporar el enfoque de derechos en la presentación de iniciativas de ley, garantizar la progresividad de los derechos humanos de las personas que habitan en la Ciudad de México, adoptar y aplicar el criterio de interpretación y protección más amplio de los derechos humanos, tanto en los actos de gobierno, como en la valoración que se realice respecto de la aceptación y cumplimiento de las determinaciones o recomendaciones.
CRÍTICA DE AN
Isabel Miranda de Wallace, candidata del PAN al Gobierno del DF, advirtió que los derechos humanos en la capital del país son “letra muerta”.
Aseguró que prueba de ello es que la Comisión de Derechos Humanos local debe llamar a los candidatos a la firma de una carta compromiso, ya que el gobierno actual violenta los derechos de sus habitantes.
“Que triste que nos hagan firmar un convenio, cuando debe ser algo natural. Se dice mucho y se hace poco en la práctica para defender los derechos humanos de los habitantes de la ciudad”, reprochó.
Al acudir a la firma de la carta, Wallace señaló que al llegar al gobierno de la ciudad, su administración pondrá énfasis en la educación, el acceso universal a la salud y a nuevas tecnologías y la transparencia en las acciones de gobierno.
En ese sentido, la abanderada panista aprovechó para aplaudir la iniciativa de su oponente Mancera por dar internet gratuito, ya que, dijo, es una de las propuestas que ella realizó con anterioridad.
“Me da gusto que Mancera se sume a la cobertura de internet en la ciudad, porque eso es importante para los capitalinos”.
Isabel Miranda de Wallace añadió que en la Ciudad de México han sido violentados sistemáticamente los derechos de las víctimas, por lo que trabajará en armonizar los cambios constitucionales en la ciudad para que las recomendaciones dejen de ser “llamados a misa” y los funcionarios comparezcan ante el órgano legislativo.