La reunión que sostuvieron los generales retirados Tomás Ángeles Dauahare y Mario Arturo Acosta Chaparro, un día antes de que este último fuera asesinado en calles de la delegación Miguel Hidalgo, es objeto de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal.

 

24 HORAS dio a conocer ayer que los mandos castrenses sostuvieron una reunión el pasado 19 de abril en el restaurante El Lago, en el Bosque de Chapultepec, a la que también acudió el abogado José Antonio Ortega. El encuentro en el que presuntamente se abordaron temas de seguridad, duró cerca de tres horas.

 

Un día después de ese desayuno, Acosta fue asesinado en la colonia Anáhuac, del DF, en un presunto ajuste de cuentas del crimen organizado. El jueves de la semana pasada, Ángeles fue arraigado 40 días, junto con otros tres mandos militares, por sus presuntos nexos con el cartel de los Beltrán Leyva.

 

Fuentes de la PGR señalaron que el Ministerio Público Federal abordará el referido encuentro y los temas que ahí se trataron entre ambos mandos castrenses, como parte de la ampliación de declaraciones que le será tomada a Ángeles, ex subsecretario de la Defensa Nacional durante el periodo del arraigo.

 

De acuerdo con las autoridades consultadas, el encuentro que tuvo lugar en el restaurante era del conocimiento de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero las circunstancias en torno al mismo e incluso los datos sobre otros encuentros, se encuentran bajo investigación.

 

La PGR tenía planeado ordenar la presentación ante el Ministerio Público Federal de Acosta Chaparro, por la misma averiguación previa en la que están involucrados los otros mandos castrenses involucrados, y que tiene que ver con la protección que se dio entre los años 2005 y 2010 a miembros al cártel de los Beltrán Leyva.

 

Testigos protegidos, entre ellos el mismo Sergio Villarreal, El Grande, operador del referido cártel, declararon que mandos militares como Acosta Chaparro y Ángeles Dauahare, formaban parte de una nómina de narcogenerales que facilitaban distintos apoyos logísticos y hasta daban “asesorías”, a cambio de fuertes sumas de dinero, generalmente pagadas en “dólares”.

 

La investigación relacionada con este caso, bajo el número de expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010, se comenzó a integrar oficialmente desde el año 2010 con base en algunos indicios reunidos un año antes. Para se momento, tanto Acosta como Ángeles ya se encontraban bajo retiro.

 

En la PGR no se precisaron los alcances del encuentro que tuvieron los generales el 19 de abril ni el detalle de los temas que se trataron, pero se advirtió que “no es la primera vez que ambos tenían contacto”.

 

Confirma procurador averiguación

 

Por su parte, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, dijo que luego de la publicación que hizo este diario sobre el encuentro que sostuvieron los generales, su dependencia inició los contactos necesarios para verificar las condiciones en que se desarrolló y si hay algún nexo con el homicidio de Acosta.

 

La institución capitalina mantiene abierta a través de su Fiscalía de Homicidios una indagatoria relacionada con la ejecución del general retirado ocurrida en calles de la delegación Miguel Hidalgo. La principal línea de investigación respecto al homicidio apunta a un ajuste de cuentas del crimen organizado.

 

“Vamos a citar a las personas que pudieran tener relación con este evento (la reunión) y si tiene que ver o no con el homicidio del general; en este momento estamos requiriendo la información y trabajamos en coordinación con la PGR para la toma de declaraciones”, puntualizó el procurador capitalino.

 

Las personas que serían citadas a declarar en este caso son José Antonio Ortega, abogado que estuvo presente en el encuentro en el restaurante El Lago, así como el propio general Tomás Ángeles, a quien se le recabaría su testimonio o un desglose del mismo en coordinación con el Ministerio Público Federal.

 

En la PGJDF no dieron a conocer un plazo para que se lleven  cabo estas diligencias, pero reiteraron que ya se trabaja en el asunto.

 

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