La administración del presidente Felipe Calderón ha utilizado la “guerra contra el narco” con fines políticos para impactar procesos electorales, desacreditar a sus adversarios y posicionar en la opinión pública que la estrategia de esta administración, a pesar de los resultados, es la correcta. Sin embargo, cuando las acusaciones carecen de sustento o las averiguaciones previas son integradas con deficiencias, la administración sólo crea más dudas sobre la imparcialidad de su actuación y los motivos del presidente Calderón.
Una agenda que debería ser de Estado, pasó a ser un instrumento político debido a las fallas en la estrategia de comunicación al anunciar a detenidos que ahora están libres, la incompetencia del Gabinete de Seguridad que a la fecha carece de coordinación y la tentación de usar el poder del Estado para golpear al adversario. La Procuraduría General de la República, amparada bajo la figura del arraigo, esconde la ineficiencia que existe para investigar, recopilar pruebas e integrarlas en un expediente. Esta falta de coordinación entre investigadores y fiscales ha beneficiado a los criminales, pero también sirve para fabricar culpables.
Tomas Ángeles Dauahare es un general que se formó dentro de la burocracia y la academia militar. Su facilidad con los idiomas y capacidad para articular argumentos le dio una ventaja para ser interlocutor con varias agencias de seguridad extranjera. A pesar de no haber tenido mando de tropa, ni haber tenido una actuación destacada en alguna operación de desastres naturales o contra el narcotráfico, logró que su cercanía con Andrés Manuel López Obrador lo considerara como posible secretario de la Defensa.
El accidentado triunfo del presidente Calderón lo forzó a realizar nombramientos abruptos dentro del Gabinete de Seguridad y bajo esas circunstancias nombró al general secretario Guillermo Galván. El general secretario no había realizado una campaña activa para obtener el puesto como lo habían realizado el general Cienfuegos, el mismo Ángeles, y Oropeza. Tal vez por eso, el nuevo secretario decidió integrarlos en puestos de relevancia dentro de la estructura militar. El general Cienfuegos, actual oficial mayor de la Sedena, fue nombrado comandante de la Primera Zona Militar y el general Oropeza fue enviado a Oaxaca donde continuaban en ascenso las actividades del EPR, que a la postre lo acusarían de la desaparición de sus compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Al general Tomas Ángeles lo nombran subsecretario de Defensa, un puesto de corte burocrático donde cuestionó las decisiones del general secretario Galván, sobre el creciente papel y presupuesto de la Secretaria de Seguridad Pública en los temas de seguridad nacional. Sin embargo, cuando se le encomendó presentar las propuestas para aumentar el presupuesto de la Sedena, solamente presentaba aumentos de sueldos, pero no un programa de largo plazo que permitiría desarrollar las facultades del Ejército mexicano.
Sus propuestas estaban más enfocadas a planes de seguridad social, que en efecto requieren los miembros del Ejército, dado su experiencia como director general del Instituto de Seguridad Social. Su falta de experiencia como comandante hizo que perdiera la batalla presupuestal al no saber que requerir para modernizar al ejercito. Esto a pesar de que el Ejército mexicano es de los que tiene el menor presupuesto en toda América Latina. Su constantes críticas al general secretario y su fracaso en obtener un mayor presupuesto hizo que se fuera aislando de otros mandos militares.
Sería muy grave que las acusaciones en su contra, fueran por una pugna sucesoria o tuvieran un tinte de “política de barracas”, pero llama la atención cómo un general que ha estado en puestos burocráticos pudiera ser útil al crimen organizado. Cuando hay capturas relevantes los Estados Unidos son los primeros en respaldar estas acciones y a la fecha no hay ningún comentario sobre la detención, como fue el caso de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la SIEDO.
La Procuraduría, en lugar de despejar cualquier duda, sólo las ha fomentado al no acreditar al abogado defensor y utilizar la figura del arraigo. Serían muy grave que estas acusaciones fueran ciertas, ya que en 2008 el encargado de las Guardias Presidenciales y el numero dos de la Secretaría de la Defensa estarían en la nomina del crimen organizado, lo cual técnicamente les facilitaría hacer un golpe de Estado. Lo catastrófico es que cuatro años después solo se tengan pruebas para un arraigo.
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