Los cuatros candidatos a la Presidencia de la República que comparecieron ayer y antier en la XX sesión extraordinaria de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), coincidieron en varios puntos; uno en especial es que la investigación científica y el desarrollo tecnológico necesitan con urgencia de más recursos humanos, materiales y, sobre todo, financieros, así como de esquemas más inteligentes y creativos para su distribución y aplicación.
No obstante este nivel de coincidencia, ninguno de ellos retomó el caso de la demanda que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC presentó ante la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, contra quienes resulten responsables, por el recurrente incumplimiento de destinar a la ciencia y la educación superior un monto de cuando menos 1% del Producto Interno Bruto (PIB), tal como lo mandatan los artículos 9 bis de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 25 de la Ley General de Educación.
Esta demanda, sin precedentes en la historia nacional, debería afectar seriamente las relaciones entre los sectores de la academia y el empresariado con las instancias de gobierno, especialmente porque, pese al incumplimiento señalado, hasta la fecha ningún funcionario ha sido -ya no digamos sancionado conforme a derecho- siquiera señalado como responsable o llamado a cuentas.
En estos tiempos de campañas electorales en que la construcción y difusión de los discursos busca atraer el voto popular para acceder al poder político, los candidatos y los partidos se están olvidando de que al no cumplirse con la mínima inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, se está afectando no sólo a las comunidades académica y empresarial, sino a toda la sociedad, pues, en última instancia, ella es la que resulta beneficiaria del conocimiento científico.
Año con año, la comunidad científica y académica lleva a cabo un intenso cabildeo en la Cámara de Diputados que, como también se señaló durante la última reunión de la ANUIES, se convierte en un verdadero vía crucis, en el cual académicos y legisladores concuerdan convencidos respecto de la importancia de destinar más recursos a la ciencia. Sin embargo, el resultado final es que el presupuesto no llega ni a la mitad de lo que la ley estipula como mínimo.
Cada año se les repite machaconamente a los científicos y académicos de las universidades e institutos de educación superior del país, el argumento de que el presupuesto no alcanza para todos y por eso a la ciencia le toca poco. Los tomadores de tales decisiones han llegado al absurdo de hacer la analogía de que la “cobija” del presupuesto es corta y no se puede “estirar” sin destapar otros rubros más importantes como las obras públicas.
Por todo ello, y antes de que otra vez se pretenda esgrimir el argumento de que la cobija es corta, es preciso hacer notar que la ley señala expresamente etiquetar cuando menos 1% del PIB para desarrollar la investigación científica. No se piden recursos extra sino exclusivamente un porcentaje mínimo, sea cual fuere el PIB. Esta es la razón de fondo y se tiene que cumplir con lo que la ley mandata. Cualquier otro resultado es un engaño.
Como dice un spot muy famoso: doña Josefina, don Enrique, don Andrés Manuel y don Gabriel: Basta ya de que a los científicos, a los empresarios y a toda la sociedad nos sigan escamoteando los recursos necesarios para poner a la ciencia al frente del desarrollo económico nacional. Bata ya de que cada año nos ocurra lo que a la selección mexicana de futbol en los torneos mundiales: que juguemos como nunca y perdamos como siempre.
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