La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que ya recibió la notificación de la PGR que confirma la reunión que sostuvieron el 19 de abril los generes Tomás Ángeles Dauahare y Arturo Acosta Chaparro, un día antes de que éste último fuera asesinado en calles de la delegación Miguel Hidalgo.
Por ello, el titular de la PGJDF, Jesús Rodríguez Almeida, informó que ya iniciaron las gestiones con la Procuraduría General de la República (PGR) para que se les permita tomar una declaración ministerial a Ángeles Dauahare, quien permanece arraigado por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada.
El interés de la dependencia capitalina es verificar si este encuentro que se realizó en el restaurante de El Lago, en Chapultepec, tiene alguna relación con el homicidio de Acosta Chaparro ocurrido un día después.
“Estamos haciendo las gestiones para hacerla (la declaración), en virtud de que derivado de la coordinación que existe con la PGR, tenemos indicios de que pudieran haber estado juntos un día antes (del homicidio)”, reconoció Rodríguez Almeida.
Incuso, el procurador local dijo que a través de la “tecnología del gabinete de seguridad” del gobierno capitalino, se ha podido verificar también que dicho encuentro efectivamente tuvo lugar.
24 HORAS publicó el lunes que en el encuentro ocurrido en el referido restaurante, y que se postergó por aproximadamente tres horas, estuvieron presentes además de los dos generales, el abogado y presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, José Antonio Ortega.
Consultado sobre el tema, el abogado confirmó el encuentro y se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades investigadores.
La principal línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina es que el crimen del general retirado Arturo Acosta Chaparro, obedeció a un presunto ajuste de cuentas de la delincuencia organizada.
Los amparos
Son ya dos amparos los solicitados por la defensa del general Ángeles Dahuahare, uno de los cuales no procedió.
Los abogados del general retirado y ex subsecretario de la Defensa Nacional solicitaron un nuevo amparo el lunes pasado ante la justicia federal, ahora por la medida cautelar de arraigo por 40 días que obtuvo la PGR en contra del mando castrense.
Esta decisión se tomó luego de que la primera solicitud de amparo por la supuesta incomunicación en la que se encontraba el general tras su detención quedó sobreseída, pues se corroboró que sus familiares si pudieron visitarlo en las instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Alejandro Ortega, abogado del general, advirtió que las irregularidades en todo el procedimiento ministerial han sido “evidentes”, y prueba de ello es el acceso que se le ha impedido al ahora arraigado, a una defensa legal adecuada.
La demanda de amparo quedó radicada en el Juzgado Décimo de Distrito especializado en esta materia, y en la misma se pide evitar malos tratos así como la incomunicación legal.
El fin de semana los otros dos generales arraigados, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González, habían solicitado también la medida cautelar de la misma naturaleza en contra del arraigo de 40 días que se les impuso.