Desde hace tres meses, la Secretaría de Hacienda y la PGR han colaborado con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en las investigaciones que este país lleva a cabo contra el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.
De acuerdo con autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR, el apoyo consiste específicamente en la entrega de información sobre propiedades y datos contables del priista.
La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda reunió los informes a solicitud de la dependencia a cargo de Marisela Morales, quien ha entregado los listados con información a Estados Unidos.
No obstante, las fuentes consultadas aseguraron que la PGR aún tiene datos concluyentes para México, es decir, todavía no han podido confirmar que alguna propiedad o cuenta bancaria sea sospechosa, lo que se está constatando a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de la SIEDO.
Luego de que el pasado mes de febrero se filtró información sobre una alerta migratoria derivada de una averiguación previa federal iniciada en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas, entre ellos Yarrington Ruvalcaba, la procuraduría determinó reservar cualquier detalle o avance en torno a este caso.
Sin embargo, autoridades de la dependencia informaron que el Ministerio Público continúa con la integración de la averiguación previa relacionada PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, por los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito lavado de dinero.
“La colaboración y el trabajo no se ha detenido, ha continuado; hay una comunicación constante con la DEA y se sigue con interés el avance del caso en Estados Unidos. Hay conductas delictivas que de confirmarse atañen a ambos países, y en el momento ministerial adecuado se procederá aquí también”, señaló una fuente de la PGR.
Una parte clave de las pesquisas fueron las declaraciones de un sujeto identificado como Antonio Peña Arguelles, ex lavador de dinero del narcotráfico y bajo proceso en una cárcel en Texas, quien ha declarado ante la justicia estadunidense que Yarrington recibió cuantiosos recursos durante su gobierno de parte de la organización delictiva Golfo-Zetas.
Entre la información que ha proporcionado la procuraduría a las autoridades estadunidenses se encuentra la relación de propiedades y cuentas bancarias del ex gobernador de Tamaulipas, lista de la que no se proporcionaron detalles por motivos de la secrecía de la indagatoria.
No se trata, al menos de momento, de evidencia que permita establecer al aprovechamiento de recursos ilícitos de parte de Yarrington, explicaron en la PGR, pero que si pueden resultar útiles en el cruce de datos para los expedientes abiertos en ambos países.
El martes se informó que los fiscales Kenneth Madigson del Distrito Sur de Texas y Roberto Pitman el Distrito Oeste del mismo estado, iniciaron procedimientos civiles para solicitar el aseguramiento de dos propiedades valuadas en aproximadamente siete millones de dólares, y que el exgobernador tamaulipeco habría adquirido a través de prestanombres con recursos ilícitos provenientes del narcotráfico.
Según la evidencia reunida por la DEA, la cual sustenta las demandas civiles interpuestas, durante el tiempo en que Yarrington encabezó el gobierno de Tamaulipas de 1999 al 2005, éste obtuvo “millones de dólares pagados por cárteles de la droga a través de esquemas de extorsión y soborno”, que le permitieron adquirir con “testaferros” diversas propiedades.
El inicio
En la PGR, la referida averiguación previa en contra de Yarrington y otros ex gobernadores se comenzó a integrar principalmente a partir de las declaraciones de Miguel Soto Parra, ex integrante del grupo delictivo de Los Zetas y ahora testigo de la SIEDO, quien fue capturado por fuerzas federales en el 2009.
En sus declaraciones, este sujeto reveló la red de complicidades que por más de una década se había establecido con servidores y ex servidores públicos del gobierno de Tamaulipas, desde que Los Zetas aún estaban aliados con el cartel del Golfo, lo que permitió su consolidación en la entidad y el control de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Otro testigo colaborador de la PGR es el propio Antonio Arguelles Parra, quien antes de ser extraditado a los Estados Unidos donde ahora se encuentra procesado, también declaró ante el Ministerio Público Federal sobre los nexos de funcionarios de Tamaulipas con la delincuencia organizada.
De hecho, la DEA proporcionará al Ministerio Público de la SIEDO una copia de todas las declaraciones e informes que ha rendido recientemente este sujeto, y que podrían resultar útiles para fortalecer el expediente ministerial.
No obstante, en la procuraduría señalaron que es poco probable que se proceda en contra del ex gobernador de Tamaulipas mientras el asunto en Estados Unidos no transite de las cortes civiles a los juzgados penales.
Oficialmente, la PGR no tiene hasta el momento ninguna orden judicial o ministerial vigente en contra de Yarrington, quien se encuentra radicado en la ciudad de Houston, Texas.
El gobierno de Estados Unidos rechazó las acusaciones de interferencia en el proceso electoral en México generadas por la demanda en Texas contra el ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, que pertenece al partido líder en las encuestas.
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, recordó que el caso contra el exgobernador del PRI es un asunto para los tribunales y por tanto no vamos a debatirlo aquí”.
“Pero rechazo categóricamente cualquier acusación de interferencia en la política de México. Queremos ver en México lo mismo que queremos ver en todos los casos de elecciones democráticas: un proceso libre, justo y transparente”, señaló Nuland en su conferencia de prensa diaria.
Pese a que el Congreso estadounidense mantiene un intenso escrutinio sobre la narcoviolencia al otro lado de la frontera, el Gobierno de Barack Obama ha asegurado repetidamente que mantendrá sin cambios su relación con México y la cooperación antidrogas, resulte quien resulte elegido en los comicios del 1 de julio.