El gobierno de Estados Unidos busca incautar bienes con valor de 40 millones de dólares, para reparar los presuntos delitos de lavado de dinero y fraude bancario cometidos por Antonio Cano Martínez, el empresario tamaulipeco a quien se acusa de ser prestanombres del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington.

 

La acusación criminal B-12-435, presentada por el Departamento de Justicia norteamericano contra Fernando Cano, propietario de las empresas Constructora y Materiales Villa de Aguayo y Gifer, señala que desde 1998 el empresario se dedicó a la transferencia y transportación de dinero procedente de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, robo y sobornos, generados dentro y fuera de Estados Unidos.

 

El empresario es acusado de utilizar esos recursos para comprar bienes y ocultar quién era el propietario, así como la naturaleza y procedencia de los fondos con los que se compraron esas propiedades.

 

El Departamento de Justicia presentó la acusación contra Cano y señaló que también inició un proceso civil para confiscar propiedades de Yarrington, quien sería el propietario real de los bienes atribuidos al empresario. El político priista gobernó Tamaulipas de 1999 a 2005.

 

“Cano y uno o más cómplices que aún no han sido acusados, formaron una serie de compañías bajo las leyes del sur de Texas que operan bajo las reglas de compañías de deudas limitadas (Limited Liabilities Companies) y sociedades limitadas (Limited Partnerships). Estas empresas fueron usadas por Cano y sus asociados como pantallas para ocultar el origen de sus recursos y a través de ellas obtuvieron en forma fraudulenta préstamos y créditos respaldados por instituciones bancarias aseguradas por dependencias federales de Estados Unidos”.

 

La acusación detalla que a partir de 2005, Cano y sus asociados, fundaron las empresas SPI Ling & Marlin Townhome Project LP, SPI Development Partner LLC, Premier Holdings Ltd, AGM Investments LLC, Cantera Parkways y SA Cantera Development Partners LLC, y a través de ellas recibieron préstamos de bancos como el Inter National Bank, de McAllen; el Lone Star, de Pharr, First National Bank de Brownsville; Falcon International, de Laredo;Texas, para comprar bienes por 12 millones de dólares, entre los activos que se adquirirían se incluía un avión Pilatus, modelo 2005, con valor de 2 millones 570 mil dólares, terrenos para desarrollos habitacionales en San Antonio, con un valor superior a 11 millones de dólares.

 

Como parte del esquema de lavado, las compañías pantalla, propiedad de Cano y “sus cómplices aún no acusados”, abrieron cuentas en los bancos mexicanos HSBC, Scotia Bank, BBVA, Bancomer, Banamex y Banregio, a los que transfirieron importantes sumas de dinero a través de la institución llamada Monex.

 

Debido a esos movimientos, el fiscal del Departamento de Justicia tratará de incautar bienes con valor de 40 millones de dólares para resarcir los préstamos solicitados en forma fraudulenta por Cano y sus cómplices.