La contraloría del Instituto Federal Electoral negó que haya recibido una queja por presuntas irregularidades en la asignación de fondos para organizaciones que harán observación de los comicios, señaló Gregorio Guerrero Pozas, titular del área.
El lunes pasado, 24 HORAS publicó que organizaciones civiles como Alianza Cívica, Puebla Vigila, Incide Social y Fuerza Ciudadana recibieron recursos asignados por el gobierno de México al responder a una convocatoria para hacer observación electoral. Un comité, formado por personajes como Emilio Álvarez Icaza, Patricia Colchero y Rodrigo Morales M., quienes tienen vínculos con las organizaciones beneficiadas, fue quien decidió a qué grupos se apoyaría.
Guerrero Pozas señaló que la Contraloría del IFE recibió copia de un oficio dirigido a al consejero presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el magistrado Alejandro Luna Ramos, al auditor superior de la Federación; el contralor dijo que, ante la molestia externada por grupos que no recibieron apoyos, está por presentarse un informe en la junta general ejecutiva dando los detalles del tema del concurso.
El contralor señaló que comité técnico no decide ni tiene la última palabra en la designación de presupuesto para la realización de proyectos: “quienes deciden realmente en última instancia son consejeros y los magistrados representantes”.
Guerrero Pozas señaló que estos funcionarios sí piden a la opinión a este grupo de expertos, pero finalmente los del comité técnico no deciden ni tienen poder de decisión sobre cuál asociación tendrá apoyos públicos para la realización del trabajo de observación electoral.
El auditor dijo que la aprobación de trabajos se hace de manera unánime, pero señaló que no ha analizado el punto detenidamente, aunque está en espera sobre el informe que se presente y ahí se observará el mecanismo de selección.
En cuanto al tema de si la contraloría sea la instancia correcta para la presentación de la queja, señaló que la ellos no podrían sancionar a quienes integraron el comité, toda vez que no son funcionarios públicos: “Nosotros sólo tenemos facultades para reprender a funcionarios públicos, pero en este caso ellos se están dirigiendo a este comité de expertos que no son funcionarios que nosotros como contraloría no podremos dirigirnos” finalizó.
Por su parte, uno de los miembros de este comité técnico, Emilio Álvarez Icaza, dijo no conocer la denuncia, pero aseguró que el trabajo realizado durante el análisis y la aprobación de los proyectos de estas agrupaciones fueron decisiones tomadas por unanimidad de los cinco ciudadanos que la componen.
El ex miembro de Alianza Cívica AC, responderá en el momento que conozca el tema siempre y cuando tenga algo que decir, pero para él “no le parece tema de conflicto”.
El grupo que aprobó los 46.3 millones de pesos para la observación electoral se conformó por los consejeros electorales, Alfredo Figueroa Fernández y Lorenzo Córdova Vianello, en representación del IFE; los magistrados Salvador Nava Gomar y Manuel González Oropeza, en representación del Tribunal Electoral, y por el representante residente del PNUD en México.