Pese a que aún no hay una acusación criminal o proceso de carácter penal en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, sus actividades y desplazamientos son seguidos de cerca por autoridades de México y Estados Unidos, por lo que la posibilidad de que escape es nula. Su estatus en Texas es como “restringido y vigilado”, informó la PGR.
Autoridades de la dependencia informaron a 24 HORAS que el proceso civil en el que ahora se ha visto inmiscuido el político priista por el presunto lavado de dinero en la compra de bienes raíces, ha complicado su situación, que de por sí ya era compleja.
Según lo revelado por la procuraduría, Yarrington cuenta con una restricción para su tránsito en el estado de Texas, la cual ya le fue notificada por el poder judicial en esa entidad luego de que también se le informó oficialmente los señalamientos que imputan en su contra los fiscales.
“Él no puede salir del estado porque la Corte necesita tenerlo al alcance para testificar en cualquier momento. No se le ha detenido porque de momento no existe ninguna orden que lo afecte corporalmente, pero se le considera ya implicado en un caso delictivo, aunque sea todavía de naturaleza civil”, dijo una fuente de la PGR con conocimiento del caso.
La violación a esta restricción le significaría al exgobernador serias complicaciones legales en Estados Unidos, que derivarían casi de forma inevitable en una inmediata orden de arresto y remisión al juzgado.
No obstante, desde antes de que se presentara esta situación, los desplazamientos de Yarrington ya eran seguidos con atención por las autoridades mexicanas y estadunidenses, luego de que hace tres meses se giraron los avisos migratorios correspondientes.
Esto quiere decir que el paso del ex gobernador por cualquier aduana aérea, portuaria o terrestre de ambos países, es notificado directamente a las autoridades migratorias y ministeriales para que se determine lo conducente.
En la PGR subrayaron que dichos avisos migratorios no le impiden tácitamente a Yarrington o sus familiares viajar, pero sí facilitan a las autoridades el conocer de sus movimientos y destinos, y en un caso extraordinario, detenerlo bajo el argumento legal de que se trata de un “caso urgente”.
Las alertas, que también fueron solicitadas en su momento en contra de otros dos ex gobernadores, Manuel Cavazos Lerma y Eugenio Hernández Flores, son resultado del seguimiento ministerial que lleva a cabo la PGR en contra de los políticos, a partir de la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009.
Los delitos que en su momento pudieran ser imputados a los ex mandatarios van desde el lavado de dinero hasta la delincuencia organizada, y son resultado de las dádivas que habrían recibido de parte de la organización delictiva “Golfo-Zetas” a cambio de protección institucional a sus integrantes y a sus operaciones de trasiego de drogas.
Especialmente avanzado se ubica el caso de Yarrington Ruvalcaba, gobernador de Tamaulipas de 1999 al 2005, luego de que dos ex narcotraficantes e informantes de la DEA, Antonio Arguelles Parra y Miguel Soto Parra, han dado detalles de algunas de las inversiones que se realizaron con el dinero ilícito, y a través de prestanombres.
Un terreno de aproximadamente 20 hectáreas en San Antonio valuado en 6.6 millones de dólares, así como un condominio en la isla del Padre, adquirido por 450 mil dólares, ambas en Texas, son las que pretende incautar en la primera fase de la indagatoria la fiscalía estadunidense, argumentando que pertenecen a Yarrington, y fueron adquiridas con dinero ilegal.
De forma paralela el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa integrando el resto de las evidencias, en coordinación estrecha con la PGR, situación que en breve podría derivar en nuevas demandas de carácter civil o incluso penal en contra del ex gobernador.
Prestanombres buscado en México y EU
Fernando Cano Martínez, propietario de las empresas Materiales y Construcciones Villa de Aguayo y Gifer, quien presuntamente sirvió como prestanombres para la adquisición de bienes raíces con dinero proveniente del narcotráfico, es buscado en Estados Unidos y en México.
El pasado 23 de mayo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer el inicio de un procedimiento penal en contra del empresario, señalado como un “hombre de negocios de Ciudad Victoria”, tras acusarlo de conspirar y operar el lavado de dinero procedente de la delincuencia organizada.
Autoridades de la PGR indicaron que la dependencia estadunidense les comunicó oficialmente de la orden de aprehensión vigente en contra de Cano, y en breve un juez federal en el país obsequiará también la orden de detención con fines de extradición.