El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presentó recientemente el informe El México del 2012: Reformas a la Hacienda Pública y al sistema de Protección Social, un documento elaborado con la participación de más de 30 especialistas en el tema hacendario y social en el país.
Se trata de una publicación que recoge las sugerencias que se han hecho durante años y desde diversos sectores para modernizar al país, de modo que se garantice el bienestar social a toda la población. Es una propuesta que dotaría de mayores recursos financieros al Estado mexicano para poder cumplir el mandato de brindar un sistema de protección social que garantice la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico y la distribución adecuada de la riqueza del país.
Sostiene el CEEY que el objetivo final es garantizar el acceso a todos los mexicanos a un paquete mínimo de derechos sociales que sea fiscalmente sustentable. Los objetivos específicos de las reformas son eliminar el sistema dual de seguridad social, dar acceso universal a un ingreso mínimo, salud, seguro de vida e invalidez, y una pensión mínima de retiro, dándole viabilidad financiera en forma sostenible. Su costo requiere alrededor de 5% del PIB de ingresos fiscales adicional a lo que actualmente se recauda, menos lo que ya se eroga (1.7% del PIB).
El medio para lograr los anteriores objetivos es la reforma hacendaria, la cual financiaría la de protección social con recursos que se obtendrían eliminando los regímenes tributarios especiales incluida la generalización del IVA a un 16% con una canasta básica exenta para proteger el consumo de las familias (3.4% del PIB); también eliminando los subsidios a la gasolina (1.5 a 2% del PIB) y mejorando la administración fiscal (0.5% del PIB). Todo ello acompañado de mayor rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno, además de establecer el concepto de balance estructural en el gasto público, que permitiría enfrentar los ciclos económicos recesivos sin perder la disciplina fiscal, la sostenibilidad del déficit y la deuda pública.
¿Por qué una reforma fiscal y de protección social?
- En los últimos 15 años se han generado nuevas obligaciones de gasto real sin su consecuente financiamiento. Las finanzas públicas no generan los superávits primarios requeridos para sufragar el costo financiero de la deuda. Incluso, el balance patrimonial es deficitario: los ingresos de capital no alcanzan para cubrir los gastos de inversión.
- Desde hace años se consume el patrimonio nacional (específicamente el petróleo) al no transformarlo en activos productivos para el país. No hay mandato constitucional que proteja al país del uso para gasto corriente de los ingresos provenientes de este recurso no renovable.
- La estabilidad macroeconómica esconde el déficit público (es decir que los gastos recurrentes superan los ingresos recurrentes). Los recursos de las paraestatales –en particular Pemex- financian el déficit del sector público.
- La actual ley hacendaria induce a un comportamiento procíclico del gasto público (que significa que se gasta menos en períodos de contracción económica), lo cual puede empeorar el círculo vicioso de las crisis.
- Entre tanto, el principal problema del sistema de protección social mexicano estriba en que al ser un sistema dual (uno que depende del empleo formal –IMSS, Issste- y otro abierto –Seguro Popular-), actualmente es financieramente insostenible y 24.5% de la población no goza de esta cobertura. Además, el aumento en la cobertura del sistema de seguridad social no puede garantizarse pues depende del crecimiento económico formal sostenido.
Una propuesta para debatir
La reforma hacendaria es imprescindible para asegurar la dotación de servicios públicos esenciales, financiar una reforma a la política de protección social, asegurar la sustentabilidad de las finanzas públicas, facilitar la reforma laboral y financiar una adecuada reforma penal.
Sus retos son de naturaleza técnica en cuanto a su implementación y financiamiento, y de naturaleza política para alcanzar amplios consensos. El CEEY recomienda que las reformas hacendaria y de protección social deben procesarse en conjunto con el fin de darle sustento técnico y social a su discusión, además de que sus nuevas bases deben plasmarse en la Constitución para garantizar su continuidad.
El valor agregado de esta propuesta es que se trata de un proyecto posible y deseable, que vuelve congruente la relación entre política hacendaria, social y laboral de nuestro país, de tal forma que conformen la plataforma sólida que México requiere para progresar. Vale la pena que en la actual campaña electoral se abra un espacio para debatir esta propuesta, ya que su implementación tendría grandes repercusiones en la vida económica, social y política del país.
* Maestro en Políticas Públicas egresado del CIDE. Coordinador del área de investigación y análisis en Contorno, Centro de Prospectiva y Debate. paulo.cantillo@contorno.org.mx, @pcantillog
Referencias
Chávez, Jorge; Hernández, Fausto; López-Calva, Luis (coordinadores), El México del 2012. Reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México, 2012.
