EL CAIRO. Tres candidatos punteros en los comicios presidenciales egipcios presentaron ayer domingo apelaciones ante la comisión electoral por presuntas violaciones en la primera ronda de las urnas que según ello podrían alterar el resultado.
Los resultados extraoficiales indican que el candidato de la Hermandad Musulmana Mohammed Morsi se medirá en segunda ronda con el ex primer ministro Ahmed Shafiq. Los resultados oficiales son esperados para el día de hoy y el martes.
Shafiq, que quedó segundo tras Morsi, dijo que los votos a su favor en una provincia no fueron incluidos.
Hamdeen Sabahi ha pedido un recuento parcial tras quedar tercero por 700 mil votos de diferencia.
Abdel-Moneim Abolfotoh, que concluyó cuarto, presentó una apelación el sábado. Su abogado sostiene que cuenta con pruebas de que hubo votos emitidos en nombre de personas fallecidas. La segunda ronda será los días 16 y 17 de junio.
Mientras tanto el Ministerio egipcio de Justicia asignó a un juez para investigar el caso de corrupción en el que se implica al candidato presidencial Ahmed Shafiq, segundo en la primera vuelta de los comicios.
El magistrado Osama al Seeidi será el encargado de estudiar la denuncia presentada por el diputado Esam Sultán contra Shafiq por haber supuestamente malgastado dinero público cuando era jefe de la Asamblea de Pilotos durante el mandato de Hosni Mubarak.
Según Sultán, en 1993 Shafiq vendió un terreno de más de 40 mil metros cuadrados a los hijos de Mubarak por un precio inferior al del mercado.
El pasado 13 de mayo, el presidente del Parlamento egipcio, Saad Katatni, remitió la denuncia de Sultán a la Fiscalía General, que por su parte pidió al Ministerio de Justicia asignar a un juez para investigar este caso.
Además de este caso, otro obstáculo al que se enfrenta Shafiq es el recurso presentado por el candidato Hamdin Sabahi para que se esclarezca si la Ley de Aislamiento Político es válida o no.
Esta ley, que impide a los ex altos cargos del régimen de Mubarak presentarse a las presidenciales, fue aprobada por el Parlamento y ahora es estudiada por la Corte Constitucional.