La PGR decidió no investigar a Margarita Vázquez Mota, hermana de la candidata a la Presidencia por el PAN, por posible usurpación de profesión, pero sí inició una averiguación previa contra los funcionarios que presuntamente sustrajeron documentos que demuestran que la ahora ex funcionaria habría incurrido en algún ilícito.

 

Información recabada por 24 HORAS señala que el expediente de investigación fue iniciado por la Visitaduría General de la PGR contra quien resulte responsable por el delito de ejercicio indebido del servicio público tipificado por el Código Penal Federal en su artículo 214 fracción cuarta, que se sanciona de dos a siete años de prisión y multa de 30 a 300 veces el salario mínimo.

 

La averiguación previa se inició en las oficinas de la procuraduría apenas unos días después de que esta diario publicara, el pasado 9 de mayo, que Margarita Silvia Vázquez Mota, quien estudió diseño gráfico pero no se ha titulado, tuvo un ascenso vertiginoso dentro de la PGR en los tres años y medio que laboró allí, primero ostentando un cargo poco claro entre 2008 y 2010, hasta convertirse en coordinadora general de Formación y Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

 

En este último puesto tenía un sueldo nominal de 170 mil pesos mensuales y llegó a firmar documentos oficiales como si contara con el grado de abogada y como titular de la fiscalía en ausencia de la fiscal, Angélica Herrera Rivero, a pesar de que para ello la ley y el reglamento de PGR, así como el acuerdo de creación de la Fiscalía le obliga a tener esa profesión.

 

En esa edición, el diario mostró un documento en el que la hermana de la candidata a la presidencia por el PAN había firmado documentos de la Fevimtra como licenciada y en ausencia de la titular, a pesar de que en una carta enviada a 24 HORAS Margarita Vázquez Mota negó que ella hubiera signado algo así.

 

Tras la publicación de la información, Vázquez Mota renunció a su cargo argumentando que pretendía evitar una ofensiva política que afectara la candidatura de su hermana, y a la propia PGR, aunque insistió en que no cometió ninguna irregularidad.

 

Al día siguiente, sin que existiera análisis de documentos y actuaciones de Vázquez Mota, la PGR informó que la institución no investigaría a la hermana de la candidata a la presidencia ni administrativa ni penalmente, ya que no había incurrido en alguna irregularidad.

 

Lo anterior, a pesar de que los ordenamientos internos especifican qué requisitos deben cumplirse en las áreas de las que dependen agentes del ministerio público y peritos, como el caso de la Fevimtra, de lo contrario se viola la Ley Orgánica en sus artículos 13 y 19, y su Reglamento en sus artículos 7, 8 y 89, así como el Acuerdo de creación de la Fiscalía A/024/08.

 

El Código Penal Federal, en su artículo 250, señala que el delito de usurpación de profesión señala que “al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades y organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional se atribuya el carácter del profesionista”, lo que se sanciona con uno a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días de multa.

 

El mismo Código Penal establece en el artículo 214, sobre el ejercicio indebido de servicio público, también castiga, en su fracción primera, a quien “ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales”, por lo que se impondrá de tres días a un año de prisión y multa de 30 a 300 días de salario mínimo.

 

Sin embargo, la Visitaduría General de la PGR no inició alguna averiguación previa por estos delitos, sino por el ejercicio indebido de servicio público pero en su fracción cuarta que señala que será sancionado el funcionario que “por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”.

 

Es decir, que la investigación se ha enfocado en detectar a los funcionarios que tuvieron acceso a documentos que firmó Vázquez Mota, para determinar si alguno o algunos sustrajeron éstos y entonces consignarlos ante un juez.