El caso Sabritas

Pareciera ser que la consigna oficial sobre los violentos ataques que sufrieron diversas instalaciones y vehículos de la empresa Sabritas el viernes y sábado pasados en los estados de Guanajuato y Michoacán, fuese el silencio.

 

Muy poco o nada se ha dicho al respecto y la poca información que las autoridades locales han dado a conocer se ha limitado a señalar a los llamados ‘caballeros templarios’ como los responsables de los ataques motivados, aparentemente, por extorsiones a la compañía de botanas líder en el país.

 

Llama la atención el sigilo en torno al caso, la confusión en la información, pero sobre todo la intención manifiesta desde los ámbitos oficiales y empresariales de restarle importancia al asunto. Como si un ataque con armas largas, con incendios a cinco centros de distribución y a una docena de vehículos simultáneamente en dos estados del país, fuese un asunto menor.

 

El hecho es que no hubo condenas desde el gobierno federal. Nada dijo la secretaría de economía que encabeza Bruno Ferrari sobre un caso tan grave como el que se perpetró en contra de un corporativo del tamaño de la estadounidense Pepsico Mexico que agrupa además de Sabritas, a Gamesa, Quaker, Té Lipton, Agua Electropura, Gatorade y, por supuesto, Pepsi Cola, y que emplea a más de 55 mil trabajadores en todos los estados del país.

 

Incluso el organismo cúpula de los empresarios del país se limitó a responder que éste fue un hecho aislado enfatizando que esto no tiene repercusiones sobre las inversiones en el país.

 

Incluso existen contradicciones no aclaradas aún. Mientras que el comunicado de la empresa fechado este domingo 27 de mayo pasado señala que “a partir de que tuvimos conocimiento de los hechos, nos pusimos en contacto con las autoridades correspondientes con el fin de interponer las denuncias por los daños sufridos en nuestras instalaciones”; el secretario general de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, le dijo ayer lunes por la tarde al periodista Ciro Gómez Leyva que en Michoacán no han recibido ninguna denuncia por parte de la empresa con respecto a estos sucesos.

 

¿Qué está pasando con el caso Sabritas? ¿Por qué el silencio desde el gobierno federal? ¿Cuál es la intención al minimizar el hecho en los círculos oficiales y en la cúpula empresarial? ¿Por qué las contradicciones en lo dicho oficialmente por la empresa? ¿Cuál es la realidad de las mafias que extorsionan a grandes empresas -como Pepsico México- en estados como Michoacán o Guanajuato? ¿Cuál es la respuesta de empresas como Pepsi, Coca Cola o Bimbo que deben sostener grandes redes de distribución en zonas controladas por los carteles de las drogas y sus mafias ante la ausencia del Estado?

 

Una hipótesis que explicaría el silencio y el pretendido ‘control de daños’ entre autoridades federales y cúpulas empresariales sería precisamente ésta última: Que el caso Sabritas pondría en evidencia que en los territorios sin ley las grandes empresas se ven obligadas a acordar con las mafias para poder seguir operando. ¿Estamos frente a un caso del México ingobernable?

 

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