Tras los ataques en contra de instalaciones de la empresa transnacional Sabritas en Guanajuato y Michoacán, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que la producción en el país sí se ve inhibida y violentan la paz social.
En un boletín, el organismo empresarial exigió que los gobiernos estatales se coordinen con la Procuraduría General de la República (PGR) para que la ley caiga con toda su fuerza sobre los que resulten responsables y así se prevengan situaciones similares.
“Solicitamos que se fortalezca la coordinación entre los gobiernos de los estados de Michoacán y Guanajuato y la Procuraduría General de la República, para dar debido cauce a este hecho, y garantizar que no vuelva a ocurrir ningún hecho similar, pues se inhibe la inversión productiva y se violenta la paz de la sociedad”, afirmó.
Agregaron que los resultados entregados por los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de seguridad resultan pobres e ineficientes, así mismo enlistaron la serie de compromisos a los que llegaron con los diferentes gobernadores: depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia; fortalecer los sistemas de seguridad y procuración de justicia mediante reasignaciones presupuestales y reglas de operación o procedimientos eficaces y transparentes.
En este sentido, también asumieron la integración, desarrollo y fortalecimiento de Unidades Especializadas en Combate al Secuestro, la adecuación de las instituciones de seguridad pública estatales al marco nacional, el establecimiento de indicadores de evaluación y seguimiento y el establecimiento de un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
El organismo también anunció que insistirá en su propuesta de una integración de Policías Únicas Estatales, así como la unificación de códigos y procedimientos penales en todo el país, profesionalización y autonomía de los ministerios públicos y la instauración de observatorios ciudadanos en todas las entidades.
Más temprano, el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Consejo de Empresas Globales, conjunto de 29 empresas multinacionales, condenaron el ataque a Sabritas.
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