Ante denuncias en contra de juzgados y tribunales federales en Mexicali, Baja California, relacionadas con irregularidades en la importación de vehículos “chocolates”, el Consejo de la Judicatura Federal lleva a cabo una verificación extraordinaria en esos órganos y en la Oficialía de Partes de esa ciudad.
Luego de que abogados, personal de juzgados y de los tribunales de esa ciudad norteña presentaran denuncias por presuntas irregularidades, la Judicatura determinó hacer una visita de última hora, a fin de poder investigar si las respuestas ligadas con la importación de este tipo de automotores tiene fundamentos o no.
La verificación de los órganos jurisdiccionales de esa ciudad está a cargo de personal de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina, la Visitaduría Judicial y a la Dirección General de Estadística Judicial, quienes revisan las decisiones de los juzgadores del Poder Judicial que están señalados.
Hasta ayer no se especificó cuántas son las denuncias que se han hecho en contra del personal de juzgados y tribunales federales, porque apenas se inició la investigación sobre este caso.
El Consejo de la Judicatura dio a conocer que se tomaron medidas cautelares para poder garantizar los resultados de la investigación.
La posición de ese órgano de fiscalización del Poder Judicial Federal, es el que se aclaren los hechos denunciados “a fin de transparentar la correcta administración de justicia en beneficio de los gobernados y de quienes integran los órganos del Poder Judicial de la Federación”, estableció en un comunicado.
La Judicatura, con las reformas constitucionales de 1994, se encarga de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El balance
Hasta noviembre del año pasado, las cifras oficiales de ese órgano relacionadas con sanciones al personal de los órganos jurisdiccionales, de abril de 2009 a la fecha, el Consejo de la Judicatura Federal ha castigado a 21 jueces de Distrito y 15 magistrados de Circuito.
Las sanciones fueron desde amonestaciones hasta un proceso penal por enriquecimiento ilícito, pasando por la suspensión temporal y la destitución de sus cargos.
Entre las últimas acciones anticorrupción efectuadas por la Judicatura destacan que los propios jueces, magistrados y secretarios de juzgado o de tribunales, que sean señalados por haber incurrido en una infracción, recurran a Internet para iniciar su procedimiento de responsabilidad en línea, y las autoridades investigadoras deberán resolver si son o no responsables en un periodo de 30 días hábiles.
La medida permite que los servidores públicos del Poder Judicial, emplazados por responsabilidad administrativa por no haber presentado sus declaraciones patrimoniales, puedan recurrir a esa vía para llevar de esa forma el proceso, en vez de hacerlo por escrito, ya que esta última vía tiene un proceso de conclusión que se puede llevar hasta 180 días hábiles, es decir más de medio año.
El Procedimiento de Responsabilidad en Línea fue aprobado por el Consejo de la Judicatura en su sesión del 30 de noviembre del año pasado, pero entró en vigor el pasado domingo.