Entre los fundamentos que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, argumentó para interponer una demanda contra los funcionarios que resulten responsables por el incumplimiento del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) como inversión mínima para la investigación científica y tecnológica, figura el que entre 2006 y 2011, el sector dejó de percibir 464 mil 484 millones de pesos, lo cual afectó no sólo a las instituciones y los recursos humanos científicos, sino al adecuado desarrollo de la economía y de la sociedad mexicana en general. En realidad, se trata de algo más que daños y perjuicios contra la sociedad. Estamos hablando de un genuino quebranto nacional.
Aunque es lugar común decir que el “hubiera” no existe, o que en todo caso es el pluscuamperfecto del ya ni modo, ¿Qué se hubiera podido hacer con esa cantidad de recursos financieros en materia de ciencia, tecnología e innovación? ¿Cuántos proyectos de investigación se hubieran podido llevar a cabo? ¿Cuántas obras de infraestructura como laboratorios, bibliotecas, observatorios o centros de investigación se hubieran podido crear con ese capital?
Si tan sólo se hubiera acatado lo que mandatan la Ley de Ciencia y Tecnología, en su artículo 9 bis; y la Ley General de Educación, en su artículo 25, dispondríamos de muchas otras grandes obras de infraestructura científica, de calidad mundial, que México requiere; como, por citar sólo las más importantes: el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), el gran telescopio milimétrico (GTM), el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) o el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio).
Si tan sólo el Consejo General de Ciencia y Tecnología (también conocido como Gabinete Científico) se hubiera reunido al menos dos veces al año -como lo dicta la ley- para enfrentar los grandes problemas del país desde una base científica, no habría hoy motivo de exigir la necesaria gobernanza para el sector.
Aunque parezca extraño, el problema de fondo no es la falta de recursos sino la ausencia de políticas de Estado y de gobierno que tengan altura de miras hacia el futuro, por un lado, y el total incumplimiento y nula observancia de las leyes.
Los mexicanos seguimos pensando como en los inicios del siglo XX. La economía hace tiempo que transformó su impronta industrial, pre capitalista y de acumulación, por otra donde el énfasis ha gravitado de la tierra y los recursos naturales, pasando por el capital y el trabajo, para enfilarse en la ruta del conocimiento como base del desarrollo.
Y ese tránsito nos ha agarrado distraídos en debates bizantinos respecto de una geometría que ya no se corresponde bien a bien con la realidad mundial. Brasil, Rusia, India y China (BRIC) lo entendieron a tiempo y se posicionan en mejores lugares, haciendo crecer su ciencia y su tecnología al tamaño de sus economías.
Nos estamos quedando atrás. Pronto, quizás algún funcionario responsable de la economía o de las finanzas nacionales les dirá a las empresas trasnacionales del BRIC, eso sí con mucho patriotismo: “Si hubiera parque (tecnológico) ustedes no estarían aquí”.
Ah, si hubiéramos apostado a la ciencia y la tecnología, y las hubiéramos colocado al frente de la sociedad. Ah, si hubiéramos apostado por la innovación y la hubiéramos colocado al frente de la economía, no estaríamos hoy reinventando el hilo negro con decálogos electorales, cuya letra y espíritu –¡oh sorpresa!- están ya contenidos en la Constitución Política. Mas no todo se ha perdido, estamos todavía a tiempo. Simplemente debemos cumplir con la ley, o por lo menos saber que si nos la saltamos, hay consecuencias y son graves.
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