La Procuraduría General de la República (PGR) enviará al Departamento de Justicia de los Estados Unidos un desglose del expediente abierto en la SIEDO en contra del ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, quien es investigado por sus posibles nexos con la delincuencia organizada.
Este expediente tiene como objetivo verificar si el ex mandatario estaría vinculado con operaciones de lavado de dinero a través de empresarios prestanombres en territorio estadunidense, tal como sucedió con su antecesor Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien ya enfrenta una demanda de corte civil en la Corte del Distrito Sur de Texas,
Autoridades de la Procuraduría informaron que el gobierno estadunidense fue notificado respecto a los alcances de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, en la que se relaciona a Yarrington y Hernández en junto con un mismo grupo de empresarios, en la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia que encabeza Marisela Morales trabaja ahora en la construcción de la red de vínculos que permita verificar el nexo de Hernández con las personas y empresas señaladas particularmente en la demanda presentada por los fiscales en Texas.
Los resultados de este trabajo, así como de la información contable y bancaria que obtenga de la PGR en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, será enviada al Departamento de Justicia para su estudio.
Por lo pronto, en lo que respecta a México, la Procuraduría ha establecido que las potenciales responsabilidades en que habría incurrido Hernández Flores estarían casi al mismo nivel que las de Tomás Yarrington Ruvalcaba, a quien se señala por sus vínculos Cártel del Golfo.
Incluso, y una vez que se cuente con los elementos de prueba necesarios, el Ministerio Público Federal estaría promoviendo una acción penal conjunta en contra de ambos ex gobernadores.
Empresarios que delatan
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) ya verificó algunos vínculos de Hernández con los empresarios tamaulipecos que se identifica como prestanombres de los ex gobernadores, entre los que destacan tres en los que se fundamenta el desglose para Estados Unidos.
Es el caso de Eduardo Rodríguez Berlanga, alias La Conga, detenido el martes pasado, y quien durante el sexenio de Hernández obtuvo para su empresa “Janambres S.A. de C.V.” numerosos contratos de obra por más de 600 millones de pesos.
Dicho empresario, cuyo patrimonio incluye ahora tres ranchos con más de dos mil hectáreas, se volvió millonario cuando trabajaba para Fernando Cano, señalado como el principal prestan nombres de Cano y quien ya cuenta con una orden de arresto en Estados Unidos.
Pero tal vez quien compromete más a Hernández Flores es su ex secretario de Obras Públicas, Alberto Berlanga Bolado, propietario de la empresa GMC, S.A. de C.V., una de las compañías que el expediente B-12-435 de la Fiscalía Sur de Texas identifica como involucradas en la compra de un terreno en San Antonio con dinero del narcotráfico.
Durante los sexenios de Yarrington y Hernández, GMC obtuvo numerosos contratos que ascienden a más de 650 millones de pesos para la construcción, entre otras cosas, de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el del libramiento Manuel-González, en el sur del estado, y el del bulevar costero en la Playa de Miramar y la carretera de Aldama-Altamira.
Otro empresario buscado por la PGR, Gabriel Maldonado Pumarejo, recibió de Fernando Cano más de diez millones de pesos que fueron justificados como aportaciones al Proyecto Turístico de la Pesca, el cual fue impulsado por el ex gobernador de Tamaulipas y que por cierto, no se concretó.
Son algunos ejemplos de una amplia red de vínculos que se está desmenuzando, indicaron en la PGR, y que comprometerían en las mismas conductas delictivas tanto a Yarrington como a Hernández.
De ser ese el caso, la dependencia que encabeza Marisela Morales estaría promoviendo una acción penal conjunta en contra de ambos ex gobernadores.