Dentro del jardín Frida Kahlo, contiguo a la capilla de La Conchita, la estatua de la pintora, obra de Gabriel Ponzanelli, tiene una posición corporal que hace imaginar al paseante que la homenajeada sufre debido al desperdicio de agua de la fuente que la rodea.

 

Y es que, según se pudo verificar, dicha fuente se mantiene llena solamente porque trabajadores de la demarcación Coyoacán dejan abierta la llave de flujo de modo casi permanente; hasta impidiendo mediante un cerrojo que alguien vaya y le cierre.

 

El gran problema es que el lecho del contenedor circular tiene al menos tres grietas de fuga.

 

La oportunidad de verla casi seca, 7 horas después, permitió al reportero constatar las fugas: una de estas al parecer producida por la mala instalación de un soporte de carpa para mítines y ferias.

 

El escurrimiento del agua genera, según cálculos de un trabajador de limpia, un desperdicio diario de “un carro pipa, más o menos”.

 

En contraparte con tal delito ecológico, las conexiones para mangueras de riego están secas, porque la necesidad de llenar una segunda fuente, puesta al fondo del jardín, absorbe el líquido disponible. Desde ahí se llenan las cubetas con las que se riegan algunas flores.

 

A unos pasos del área de juegos infantiles, una barda de 3 metros de alto por 150 de largo pareciera querer derrumbarse hacia el interior, inclinada y sostenida por un gran polín.

 

El muro en riesgo limita con un fraccionamiento, cuyos residentes no han atendido las voces de alerta, en espera de que el jefe delegacional, Raúl Flores, sí las atienda.

 

La dueña de una casa vecina comenta que el “nulo mantenimiento” del área es atribuible a un “desquite” delegacional, ya que a mediados de 2005 la junta ciudadana echó por tierra el proyecto de construir ahí una concha acústica para orquestas.

 

A dos cuadras del pobre jardín que recuerda a Frida, las protestas de vecinos del barrio de La Concepción no frenaron el ímpetu del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), que se impuso, tras un litigio iniciado en 2009, para edificar en el número 43 de la calle Fernández Leal, una obra que el vecindario considera “metida con calzador” en una arteria donde “sólo cabe un coche encima del otro”.

 

Y es que el vistoso Centro Cultural Elena Garro –caja cristalina con valor de 120 millones de pesos, que preserva el muro interior de una casona y en donde muy pronto operará una “mega-librería, lobby cultural, café & restaurante-bar”– aspira a recibir 600 visitantes diarios, pero apenas dará espacio de estacionamiento a 20 autos.

 

“Sólo en México se otorgan semejantes licencias”, lamentan vecinos, encabezados por Lilia Cisneros y Jorge Martínez, quienes despliegan muchas mantas y moños negros para denunciar “arbitrariedad” por parte de Educal y Conaculta.

 

Más allá de las opiniones, es una realidad que la mencionada licencia de construcción tuvo mayor peso en tribunales que un decreto del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, firmado en 1994, donde otorgaba a esa zona la categoría de “monumento histórico”.

 

Arrinconados y amurallados

Los artistas callejeros, recurso humano que desde el siglo XVII sustentó la tradición cultural del barrio, cuentan ya cuatro años desde que fueron expulsados, junto con cerca de 500 comerciantes ambulantes, de las dos plazas centrales; aquello ocurrió en marzo de 2008.

Un artista de la mímica que se dice “heredero” de los antiguos juglares denuncia cómo él y sus compañeros son “proscritos” de una Ley de Cultura Cívica que los ciñe a trabajar dentro de locales y patios, mismos que, acusa, han resultado tan “provisionales” como inseguros.

Otro grupo de músicos y de fabricantes de colguijes manifiesta que prefiere “torear” en las calles antes que insertarse en lo que llama “la mafia del Tianguis Artesanal”, instalación de dos plantas que, si bien se aprecia repleta y con andadores estrechos, tiene el problema, asegura, de sufrir “inundaciones” y de un “pésimo drenaje”.

 

Frida Blancas, artesana de la plata, asume con mayor resignación su papel de “asilada” dentro del patio del edificio delegacional –último recurso que quedó a la autoridad para resolver la demanda de espacios–, aunque teme que del actual proceso electoral surja un gobierno distinto; o tal vez una “tribu” perredista contraria a la que ahora rige parte del destino de los coyoacanenses.

 

Al boom de restaurantes y antros, fuerte presión comercial que ha robado el sueño de vecinos que han sido tildados de “aristócratas”, se contrapone la voz de un librero que una vez se consideró “próspero” y hoy se asume como “damnificado”, Antonio Sultán:

 

Él sostiene que una mala gestión delegacional, además de la “avaricia” de los propietarios del edificio ubicado en Carrillo Puerto número 2, ocasionó la quiebra y desaparición, en julio de 2011, de un icono de tres décadas: la librería El Parnaso.

 

Miriam González, quien trabajó en ese negocio, recuerda: “es una lástima para Coyoacán y para la ciudad que terceras personas lo hayan agredido, hasta obligarlo a cerrar.”

 

A pocos meses, se cree, de que pueda resolverse un litigio entre los protagonistas, el local que dejó El Parnaso permanece vacío, para asombro de no pocos turistas que recorrieron sus mesas con anterioridad.

 

Su potencial costo de renta será de 200 mil pesos mensuales; “una cantidad que ningún negocio cultural podría pagar”, asume un aficionado a los libros, quien de paso teme que ahí pueda ocurrir “lo peor: que se lo den a alguna hamburguesería”.

 

El principal quiosco cívico, en la Plaza Allende, no sólo está inactivo, sino que luce forrado con tablones y un gran cerrojo. Asimismo, dos agentes de la Policía Bancaría vigilan las cercanías.

 

Y es que si bien dicha fortificación se presume con un objetivo de “remozamiento”, sin especificar un periodo, no pocos vecinos saben que se trata de un recurso de la autoridad para evitar que el quiosco vuelva a ser tomado, como ya ocurrió durante varios meses hasta enero anterior, por activistas juveniles; en su mayor parte, simpatizantes del estatus global de #LosIndignados.

 

Para desánimo de alrededor de cien comerciantes de antojitos, viandas y chucherías, las vallas de remodelación también se extienden al campo religioso.

 

Una obra simultánea de restauración, por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, a las dos principales iglesias del barrio, la Parroquia de San Juan Bautista y la capilla de La Conchita; ha sido bien recibida por defensores del patrimonio artístico, en virtud de que no se reparaba desde hace 90 años.

 

La situación de espera, calculada para 2014, ameritará la creación de alternativas, ya que afectará la celebración de fiestas patronales y de otros actos de interés social.

 

 El drama del CADAC

 

Desde el 23 de marzo, el Centro de Arte Dramático, AC (CADAC), ha vivido días críticos, ya que el gobierno federal ha intentado quitarle la casona que ocupa en las calles de Centenario y Belisario Domínguez, en pleno centro coyoacanense; ello, gracias a un comodato iniciado en 1975.

 

Con aval del entonces secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja, el CADAC fue creado por el dramaturgo Héctor Azar, impulsor del Teatro Universitario, de las Jornadas Alarconianas y maestro de tres generaciones de actores.

 

Pero los tiempos modernos gubernamentales no solo le negaban la renovación del convenio, sino que le exigían “devolver la llave de la puerta” al Instituto de Administración de Bienes Nacionales (INDAABI) de la Secretaría de la Función Pública, so pena de ser desalojado “dentro de 30 días”.

 

“Siento como si me muriera, después de haberme formado aquí desde los cinco años; sobre todo, por la insensibilidad e ignorancia de funcionarios que, para no dar problemas a sus jefes, deciden avasallar un espacio de cultura”, comentó a Carlos Azar, hijo del fundador y coordinador operativo.

 

Por su parte, Rabindranath Espinosa, director del plantel, acusó que se trata de “un acto de barbarie, porque desde el poder estatal no podemos cerrar un sitio que contribuye a que niños y adolescentes se desarrollen en un espacio de libertad, que es ajeno al clima de violencia que estamos viviendo.”

 

“Cerrar el CADAC implica echar un puño de tierra despreciativo a la memoria del maestro Héctor Azar. Por algo está así Conaculta, porque a los gobiernos panistas les vale gorro la cultura”, dijo Gonzalo Valdés Medellín, crítico teatral, al enterarse de una intentona que tenía como aparente motivación la de cambiar un contrato de interés social por otro de arrendamiento mercantil.

 

”Pero ni ahorrando las cuotas académicas de un siglo podríamos pagar la renta de una casa en Coyoacán con mil metros de terreno”, aclaró Rabindranath Espinoza.

 

Por parte del INDAABI, Avelino Bravo Cacho puntualizó a este diario: “no tenemos nada contra el teatro; lo mismo haría si fuera un hospital para niños cancerosos: al gobierno sólo le interesa cumplir la ley, de modo que si CADAC nos devuelve el inmueble y luego actualiza su acta constitutiva al marco legal vigente, podremos hacer un avalúo y pensar en un arrendamiento.”

 

Felizmente, el 29 de mayo, faltando 72 horas para el eventual desalojo, un inesperado telefonazo del Conaculta al INDAABI y otro más hacia el propio CADAC, liberó tensiones y propició el inicio de un diálogo –valoración cultural incluida– que a lo largo de 68 días críticos nunca pudo lograrse.

 

La convocatoria: “¡Salvemos al CADAC!”, impulsada desde las redes sociales, acompañada por cerca de 500 testimonios de alumnos que avalaban su proyecto artístico, cobraba el mérito.