El informe parcial de los gastos de campaña que Andrés Manuel López Obrador ha hecho públicos no los ha remitido al IFE y si los enviara no tendrían vinculación ni relevancia para la fiscalización que por ley debe realizar la autoridad electoral, señaló el consejero presidente, Leonardo Valdés.

 

Señaló que de cualquier manera el Instituto Federal Electoral (IFE), al hacer uso de las facultades que le otorga la ley, investiga las cuentas del candidato presidencial de la izquierda.

 

Dicha indagación, abundó, para desahogar las quejas presentadas en su contra por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional PAN) a raíz de la presunta solicitud de recursos a fin de recaudar seis millones de dólares que se emplearían en el cierre de su campaña electoral.

 

Durante la presentación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para el proceso electoral de 2012, Valdés Zurita hizo notar la imposibilidad de tener resultados sobre las quejas presentadas por el PRI y el PAN contra López Obrador antes de la jornada electoral del 1 de julio próximo.

 

El consejero presidente explicó que una investigación a fondo y detallada como la que se requiere para sustanciar esas quejas implica recabar información bancaria y fiscal.

 

Las autoridades bancarias, agregó, tardan al menos 30 días naturales en responder, de ahí que sea materialmente imposible obtener una conclusión cuando sólo faltan 27 días para los comicios.

 

Valdés Zurita reiteró que la autoridad electoral continúa con el desarrollo de sus labores de fiscalización, no sólo del candidato de la izquierda, sino de todos los aspirantes a puestos de elección popular federal.

 

Insistió en que la información dada a conocer a través de los medios de comunicación por Andrés Manuel López Obrador respecto a sus gastos de campaña hasta el momento, no los ha entregado al IFE.

 

Se congratuló de ese afán de transparencia, pero insistió en que para el IFE los únicos resultados válidos son los que se deriven de su propia labor de fiscalización con los procedimientos y formatos establecidos y realizados por su personal, lo que se efectúa de manera ininterrumpida.

 

Por otra parte, Valdés Zurita puntualizó que las declaraciones de los actores políticos que podrían asociarse a una “guerra sucia” están protegidas por la libertad de expresión y el instituto no tiene facultades para intervenir.

 

Lo que está expresamente prohibido por la ley es la difamación y la calumnia contenida en la propaganda de los partidos políticos, lo que es muy diferente de las opiniones y expresiones que pueden hacer los políticos en particular y cuya libertad de expresión está garantizada por la ley, resaltó.