La Procuraduría General de la República (PGR) inició una indagatoria por presuntos vínculos con el crimen organizado contra el juez Primero de Distrito en Michoacán, Efraín Cázares López, así como el magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna Altamirano.
Fuentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) confirmaron que los jueces están sujetos a investigación para estipular si los fallos que emitieron a favor de acusados implicaron la comisión de un delito que los favoreciera en su patrimonio, o por tener nexos anteriores con integrantes de la delincuencia.
Tanto Cázares López como Luna Altamirano fueron inhabilitados de sus funciones el pasado viernes por decisión del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). En su momento sólo se dijo que para aclarar investigaciones separadas que se les siguen. Ambos coinciden en haber emitido fallos que generaron polémica por favorecer al crimen organizado.
Las autoridades indicaron que hasta el momento no se ha girado citatorio alguno a los juzgadores para que comparezcan, ni se ha girado una orden para su localización o presentación. Será hasta los próximos días cuando se tome esta decisión, indicaron, a partir de los resultados que arroje la investigación.
Luna Altamirano revocó la formal prisión que un juez la había dictado a Arturo Culebro Arredondo, a quien la PGR acusa de ser el encargado de las operaciones de lavado de dinero del cártel de los Beltrán Leyva y del Norte del Valle de Colombia.
Así como, también determinó que la PGR no pudo acreditar que Iván Archivaldo “El Chapito” Guzmán Salazar fuera parte de la estructura del cártel de Sinaloa y el magistrado le otorgó la libertad en el mes de abril de 2008.
Además, fue el encargado de liberar a ex servidores públicos de Michoacán, acusados de colaborar con el crimen organizado. La PGR consideró que el juez se excedió en sus funciones.