Son tres delitos graves que deberán enfrentar los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández: operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la República (PGR) integra la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009 contra los mandatarios priistas, ex colaboradores de su gobierno, empresarios y personas vinculadas con ambos políticos.
Los delitos tipificados en el Código Penal Federal y La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada señalan que por tratarse de delitos tipificados como graves no podrán tramitar un amparo para impedir rendir su declaración ni ser detenidos, tampoco podrán tramitar una fianza, en caso de ser sometidos a juicio.
Fuentes de la PGR precisaron que el expediente iniciado en 2009 continúa integrándose con los testimonios y pruebas documentales descubiertas por la PGR y las que han aportado las autoridades de Estados Unidos.
Las investigaciones contra Yarrington y Hernández surgieron a partir de declaraciones ministeriales que mostraban cómo los ex gobernadores, valiéndose de instrumentos legales y con el apoyo de empresarios que también recibieron diversas dádivas, lavaron recursos provenientes del tráfico de drogas del Cártel del Golfo.
Para ello y de acuerdo a lo que se ha indagado hasta ahora, se utilizaron o crearon empresas inmobiliarias que invirtieron en bienes raíces, sobre todo en Estados Unidos, y cuyos créditos bancarios fueron solventados precisamente con el dinero proveniente de actividades no lícitas o al menos justificables.
En este contexto, los involucrados son probables responsables en primera instancia del delito de operación con recursos de procedencia ilícita, sancionado por el artículo 400 bis del Código Penal Federal, y el cual remite una pena de cinco a 15 años de prisión y de mil a cinco mil días de multa, sin derecho a fianza.
Esto, puntualizaron en la dependencia federal, luego de que los elementos de prueba reunidos tanto en México como en Estados Unidos permiten presumir, al menos en el caso de Yarrington, que hubo un traslado de importantes cantidades de dinero cuyo origen se investiga, para cubrir las obligaciones adquiridas para la compra de predios.
El Ministerio Público Federal advierte en el expediente la comisión de delitos contra la salud marcados en el artículo 194 del referido Código, en el inciso III, que sancione a quien “aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para posibilitar la ejecución de estos delitos”.
Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas
La pena que establece la normativa por este ilícito es de 10 a 25 años de cárcel y hasta 500 días de multa, sin beneficio de caución alguna.
Además, la PGR indicó que en el ejercicio de la acción penal se imputará en adición a todos los involucrados el delito de delincuencia organizada, bajo el argumento de la estructura que integró para poder cometer el delito, la cual funcionó de forma jerárquica y con responsabilidades específicas, además de proveerse de recursos de origen ilícito, particularmente del tráfico de drogas.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la pena variará de 20 a 40 años de prisión para los principales organizadores y supervisores de las referidas conductas ilícitas, y de 10 a 20 años para aquellos que participen sin funciones de dirección. Tampoco hay opción de fianza.
En la PGR subrayaron además que por la naturaleza de estos delitos, los inculpados no podrían solicitar un amparo en contra de una eventual consignación o de una orden de aprehensión.
Según autoridades de la dependencia consultadas por este diario, en las próximas semanas se estará resolviendo la situación de las tres personas que ya se encuentran arraigadas: los empresarios tamaulipecos Napoleón Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, y la esposa de otro presunto prestanombres, Sonia de Pau García.
También se prevé resolver el caso de Yarrington, cuya parte de la indagatoria se encuentra sustancialmente más adelantada en comparación a la de los otros ex mandatarios, sobre todo por los hallazgos que ha llevado a cabo la justicia estadunidense, y que permitieron configurar ya dos demandas en las cortes federales de Texas.
El viernes pasado la dependencia que encabeza Marisela Morales confirmó que en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se congelaron ya las distintas cuentas bancarias del ex gobernador de Tamaulipas.
Yarrington cuenta con una restricción de tránsito en Houston, por lo que se espera que en cualquier momento sea presentado ante el Ministerio Público adscrito a la SIEDO.
La Procuraduría también trabaja en la búsqueda de al menos una decena de empresarios tamaulipecos más que de no encontrarse en México estarían en Estados Unidos o en España, de acuerdo con los reportes de las alertas migratorias que se giraron en febrero pasado.
De todos los casos destaca el del empresario Fernando Cano (esposo de Sonia de Pau García) y quien ya cuenta con una orden de arresto vigente en los Estados Unidos, luego de que se verificó que fungió como el principal operador en la compra de dos propiedades en San Antonio y la Isla del Padre, Texas, ambas cubiertas con recursos ilegales de Yarrington.