La Procuraduría General de la República (PGR) incautó provisionalmente inmuebles y cuentas bancarias en las que aparecen como dueños algunos de los militares sometidos a arraigo por sus presuntos vínculos con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
Como parte de las investigaciones, la dependencia analiza un bloque de más propiedades para determinar si son susceptibles a ser congeladas o no, por tener un posible origen ilícito.
Funcionarios de la PGR explicaron que se revisa a detalle el patrimonio económico de los generales de División Diplomados de Estado Mayor (DEM) retirados Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, el general Brigadier DEM Roberto Dawe González, y el Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.
Para ello la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) solicitó la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Aunque oficialmente no se informaron los detalles de los bienes que se analizan, fuentes de la PGR precisaron a 24 HORAS que se trata de, al menos, ocho propiedades ubicadas en el Distrito Federal, el estado de México, Morelos y Guerrero, principalmente.
También se investigan una decena de cuentas bancarias abiertas en distintas sucursales e instituciones del país por los generales o sus familiares, varias de las cuales ya fueron congeladas, y se rastrean si existen otras más en los Estados Unidos.
Hasta el momento, la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/113/2010 en la que se involucra a los mandos militares se sustenta, principalmente, en las acusaciones de testigos colaboradores, entre ellos “Jennifer”, “Mateo”, “Iván”, y “María Fernanda”, quienes afirman que los militares colaboraban fundamentalmente con los Beltrán Leyva.
A cambio de esa supuesta colaboración, que incluía entre otras cosas protección a las operaciones de trasiego de droga e información sobre operativos y cateos, los mandos castrenses se habrían visto beneficiados con pagos en efectivo.
Acusaciones no se sostienen: abogado
En entrevista con 24 HORAS el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien desde la semana pasada encabeza la defensa del Ángeles Dauahare, aseguró que las acusaciones de los testigos colaboradores contra su cliente carecen del sustento.
Tras revisar una parte del expediente, comentó, el caso se sustenta fundamentalmente en dos testimonios, uno de ellos es el de “Jennifer”, quien solo señala que por terceras personas supo de la colaboración del general Ángeles con los Beltrán, pero en realidad no lo conoció directamente.
El otro testimonio es el de “Mateo”, quien declaró que en julio del 2008 recogió a Ángeles Dauahare en un estacionamiento del centro comercial Perisur, y lo trasladó a una “casa de seguridad” del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, en donde se le pagó una fuerte suma de dinero a cambio de información y protección que le brindaría en su calidad de subsecretario de la Defensa Nacional.
“Se trata de una conducta penal que no es idónea ya que el general Ángeles ya estaba retirado para esa fecha, además de que ese tipo de información no pasaba por sus manos, pues sus actividades eran administrativas (…), además desde el 26 de junio de ese año había partido a Alemania y no regresó hasta dos meses después”, indicó el abogado.
En este contexto dijo que aportó al Ministerio Público las pruebas que deberán desvirtuar los señalamientos de los testigos colaboradores.
El abogado confirmó además que tres inmuebles del general Ángeles y de su familia ya fueron intervenidos por la PGR, y se congeló además la cuenta bancaria del mando castrense, en la que percibe su pensión.
No obstante, precisó que todas esas propiedades en suma no superan los cuatro millones de pesos, y lo que está a nombre de Ángeles se justifica con sus ahorros de 46 años de trabajo en la secretaría de la Defensa Nacional.
Acusa hija hostigamiento oficial
Adriana Ángeles, hija del general Tomás Ángeles Dauahare, dijo en entrevista con este diario que tras la detención de su padre ha sido constante el “hostigamiento” de las autoridades federales, y la última acción fue el aseguramiento de sus bienes.
La casa de Cuernavaca que incautó la noche de ayer la PGR, aparece a nombre de su padre, pero es producto de la herencia de su abuela, lo que ya se acreditó con las escrituras y cesión de derechos ante el Ministerio Público.
La hija del general confirmó que una cuenta bancaria de su hermana ya había sido congelada, además de la de su padre, situaciones que consideró como una “agresión y hostigamiento” en contra de la familia.
“A mi papá ya lo afectaron, no estamos seguros que hayan suspendido la pensión, o por el congelamiento de su cuenta ya no tiene acceso a la prensión que es de lo que viven mis papás, le bloquearon su ingreso”, dijo Adriana Ángeles.
Por el momento, dijo, el general se encuentra bien de salud en el Centro de Arraigos de la PGR, y dijo que tras unas complicaciones iniciales, ya cuenta con sus medicamentos.
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