Buenos Aires. Siete exfuncionarios del Gobierno de María Estela Martínez de Perón, viuda del expresidente Juan Domingo Perón, fueron detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos por la organización terrorista Alianza Anticomunista Argentina, la llamada Triple A, entre 1973 y 1976, según medios oficiales.
Entre los detenidos figuran el periodista Jorge Conti, yerno del exministro de Bienestar Social José López Rega y su secretario de prensa; Carlos Alejandro Villone, secretario privado del exministro, y Julio Yessi, exjefe de la Juventud Peronista de la República Argentina (JPRA), según la agencia oficial Télam.
También fueron detenidos Raúl Ricardo Arias, Carlos Jorge Duarte y el expolicía federal Rubén Pascuzi, así como el excabo bonaerense Norberto Cozzani, que ya cumple prisión preventiva.
La Triple A fue creada por el poderoso López Rega, secretario en privado de Perón durante su exilio en Madrid y hombre fuerte del último Gobierno del general y del gabinete de su esposa y sucesora, María Estela Martínez.
La causa judicial contra la organización, en la que la viuda de Perón aparece como principal imputada, se abrió a raíz de una denuncia presentada en 1975, pero se frenó durante la dictadura y los primeros años de la democracia por las leyes de perdón y no fue reabierta hasta 2007, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner derogó los indultos concedidos a represores implicados en crímenes de lesa humanidad.
Entre los más de 700 crímenes atribuidos a la Triple A figuran los del exdiputado Rodolfo Ortega Peña, del exsubjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler y del pequeño hijo de Raúl Laguzzi exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Además, la Triple A está acusada de amenazas que obligaron al exilio de decenas de artistas e intelectuales, como la cantante Mercedes Sosa, recientemente fallecida, el actor Héctor Alterio y el escritor e historiador Osvaldo Bayer, entre otros.
La banda terrorista nutrió las filas paramilitares de la última dictadura militar argentina (1976-1983), cuyo plan de represión política dejó 30.000 desaparecidos, según estimaciones de organismos humanitarios.
En el marco de esta causa, el juez Norberto Oyarbide pidió a España, sin éxito, la extradición de la expresidenta María Estela Martínez, que reside en Madrid desde 1981.
Los demás acusados, López Rega, los policías federales Juan Ramón Morales y Rodolfo Almirón, Miguel Ángel Rovira, y el periodista Felipe Romeo, han muerto.