Una cosa es cierta. El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, desató la polémica con su insistencia de que es posible generar ahorros por 300 mil millones de pesos en el presupuesto público aplicando una serie de medidas de austeridad.
Su viejo planteamiento que retomó en el segundo debate presidencial, prendió. Bastaron unos minutos para que el Presidente de la República, Felipe Calderón, enviara un mensaje vía Twitter en el que decía: “Si el gobierno despidiera a todos los altos funcionarios, de director a Presidente, ahorraría 2,000 millones de pesos, no 300 mil millones de pesos. ½ sueldo: 1,000 millones de pesos”. Era la descalificación presidencial a las cifras del candidato y, con ella, la polémica en las redes sociales solo era cuestión de minutos.
Al día siguiente el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se sumó a la descalificación presidencial y a las discusiones del posdebate señalando que el gasto total en sueldos y servicios personales del gobierno federal asciende a 264 mil millones de pesos, por debajo de los 300 mil millones que surgen de las cuentas de López Obrador. Meade no dejó pasar la oportunidad para deslizar un comentario que revive aquello de que López Obrador es “un peligro para México”. Dijo: “Un programa económico que descansa en la ficción o en el engaño es el principal ingrediente de la tragedia griega que hoy estamos viviendo”.
Si el candidato de la izquierda se propuso encender la polémica, hay que decir que lo logró y con creces. Pero esta vez –a diferencia de otras ocasiones- su polémica propuesta de reducción del gasto público la acompañó con una explicación numérica de cómo se llega a esa multimillonaria cifra de ahorro que, por cierto, puede ser leída en su portal de campaña www.amlo.si
Lo primero que debo decir antes de entrar de lleno al análisis técnico del documento es que, por consistencia con lo que en este espacio he planteado desde hace ya tiempo y más allá de las coyunturas electorales, estoy absolutamente convencido de la mala calidad del gasto público que se ejerce en México. Y esto en relación a los presupuestos que se asignan cada año a los tres poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno. Este gasto no solo es desmesurado en relación a las tareas que lo justifican (o pretenden hacerlo) legalmente, sino también -en algunas áreas- es dispendioso y corrupto, como ocurre con los acuerdos sindicales.
Cada año, entre septiembre y noviembre, al calor de las discusiones políticas en la Cámara de Diputados afloran algunas de las escandalosas cifras escondidas en los ocho tomos del Proyecto de Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación que presenta el Ejecutivo Federal.
Ocasionalmente la prensa publica alguna de esas ‘perlas’ que evidencian la desmesura, el dispendio y la corrupción en el gasto público; pero hasta allí. Más allá de alguna sonroja, no hay ninguna consecuencia real para detener un gasto que crece incesantemente sin importar que el ingreso esté sustentado en una variable tan volátil como la del precio del petróleo.
Por eso me llama la atención una propuesta electoral para revisar el gasto público y la calidad de su ejercicio. Un asunto que en México –más allá de las simpatías o antipatías partidistas- debe revisarse con toda responsabilidad.
Mañana volveremos al caso.
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