El coordinador de la campaña del PRI, Luis Videgaray, reconoció que los cuerpos de seguridad de la entidad pagaron 2 millones de pesos “por algún servicio lícito” a la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas.
“Los cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México le contrataron algún servicio lícito a esta empresa, para lo cual hay un contrato que fue ya analizado por el juez”, puntualizó Videgaray.
En referencia a la acusación hecha en el segundo debate entre candidatos presidenciales por la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, quien sostuvo y presentó documentos contra su contendiente de la alianza Compromiso por México (PRI y PVEM), Enrique Peña Nieto, por financiar un centro de espionaje con recursos mexiquenses, durante su mandato como gobernador.
Respecto a lo dicho en el encuentro de candidatos celebrado en Expo Guadalajara el pasado domingo, Videgaray agregó que la información que presentó Roberto Gil, coordinador de Vázquez Mota en una mesa de análisis con Carmen Aristegui en Noticias MVS, fue dada a conocer por la PGR hace unos años y es caso cerrado.
El priista afirma que en la sentencia del juez no se encontraron elementos en contra de Enrique Peña Nieto ni de ningún funcionario mexiquense, y consideró que Vázquez Mota se está tomando un caso que ya fue juzgado como estrategia para desacreditar a su candidato.
Aseguró que con la información que la candidata dice tener debió presentar una denuncia formal contra el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, cuando lo acusó de espiar sus llamadas telefónicas y no lo hizo.
A su vez, Roberto Gil explicó que el expediente judicial -que arrojó una sentencia condenatoria a seis años de prisión contra el propietario, Luis Miguel Dena Escalera, acusado de espionaje por tres personas- es público, porque derivó en una condena e indicó que la sentencia se encuentra impugnada en segunda instancia “con el propósito de que se amplíe la litis“.
“Es verdaderamente grave que un gobernador, un gobierno, tenga la tentación de espiar a los adversarios y a los ciudadanos, eso es un reflejo autoritario”, agregó.
El desmantelamiento de dicha empresa -de la cual el socio principal fue un ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)- se dio en 2008, y de acuerdo con Gil Zuarth, la Procuraduría General de la República (PGR) sólo encontró “discos magnéticos con llamadas telefónicas, no encontró un sólo servicio distinto”.
La indagatoria contiene grabaciones de llamadas de políticos de todos partidos, como el priista Manlio Fabio Beltrones; el candidato Andrés Manuel López Obrador; el extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la candidata priista al GDF, Beatriz Paredes; el presidente del PAN, Gustavo Madero; el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, entre otros.