El coordinador de la campaña del PRI, Luis Videgaray, reconoció que el gobierno del Estado de México pagó cerca de 2 millones de pesos “por algún servicio lícito” a la empresa Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, propiedad de Luis Miguel Dena, condenado por intervenir las comunicaciones del senador Manlio Fabio Beltrones.
“Los cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México le contrataron algún servicio lícito a esta empresa, para lo cual hay un contrato que fue ya analizado por el juez”, puntualizó Videgaray.
El domingo, durante el debate presidencial, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, denunció que el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto había montado un centro de espionaje y lo había pagado con recursos públicos, pero no ahondó la in formación.
Ayer, el coordinador de campaña de la panista, Roberto Gil, insistió en el tema durante el debate con sus homólogos de PRI y Movimiento Progresista, y en la Comisión Permanente el senador Gustavo Madero pidió que la Procuraduría General de la República informara sobre las investigaciones que ha hecho en casos de espionaje a políticos.
Videgaray sostuvo que el caso ya fue juzgado por un magistrado federal, quien condenó a Dena y no imputó responsabilidad alguna al gobierno mexiquense, por lo que lo consideró una estrategia del PAN para dañar al candidato presidencial priista.
Gil argumentó que el Ministerio Público apeló la sentencia de seis años impuesta a Dena, ex delegado del Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional (Cisen), por considerar que fue muy leve tomando en cuenta el tamaño de la falta, pero enfatizó que es ejemplo del autoritarismo priista.
“Es verdaderamente grave que un gobernador, un gobierno, tenga la tentación de espiar a los adversarios y a los ciudadanos, eso es un reflejo autoritario”, agregó.
El candidato a senador señaló que al ser desmantelada la empresa se encontraron “discos magnéticos con llamadas telefónicas” hecha o recibidas por Beltrones, Andrés Manuel López Obrador; el extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño; la candidata priista al GDF, Beatriz Paredes; el presidente del PAN, Gustavo Madero; el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, entre otros.
En la Comisión Permanente, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, pidió a la PGR informe del espionaje “sobre distintos personajes de la vida política nacional”.
Propuso crear una comisión legislativa “para coadyuvar con la fiscalía correspondiente, a las investigaciones sobre espionaje político cometidas por el gobierno del Estado de México”.
El senador dijo que en 2008 varios medios de comunicación informaron de la “intervención directa de dicho gobierno en la operación y financiamiento de un centro de espionaje político, en perjuicio de varios personajes de la vida política nacional”.
Esto provocó la intervención del diputado priista Alfonso Navarrete Prida, procurador de Justicia del Estado de México en el momento en que la empresa fue contratada, quien explicó que dicho caso fue filtrado a la prensa “tres días antes de las elecciones federales de 2009, más o menos parecido a lo que sucede hoy”.
Navarrete indicó que se investigó el espionaje político por parte de esa empresa, indagación que concluyó y un juez federal dictó sentencia absolutoria a diversas personas por insuficiencia de pruebas.
Sin embargo, el director de la empresa, que fue sentenciado seis años, aseguró que quien ordenó que se investigara a Beltrones fue “el director del Cisen”, Eduardo Medina Mora, y por ello dos funcionarios del organismo “están acusados del delito de revelación de secretos oficiales”, recalcó.
Al final, la Comisión Permanente acordó solicitar a la PGR que rindiera un informe de las investigaciones de casos de espionaje político contra legisladores, especialmente los denunciados por Manlio Fabio Beltrones, Guadalupe Acosta y Gustavo Madero.
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