Phoenix. La inminente decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos sobre la constitucionalidad de la ley SB1070 ha revivido el temor y el nerviosismo dentro de la extensa comunidad migrante de Arizona.

 

La posibilidad de que la ley antiinmigrante pueda ahora sí entrar en vigor, ha provocado entre los cientos de miles de indocumentados el miedo de salir a la calle por temor a ser detenidos y deportados, en un efecto similar al vivido hace dos años, cuando fue promulgado el estatuto.

 

La ley SB1070, promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en abril de 2010, convierte en un delito estatal el encontrarse en el país en forma indocumentada, y obliga a todos los ciudadanos a traer consigo documentos que demuestren su estatus migratorio.

 

La ley autoriza a los policías locales a cuestionar a las personas sobre su situación migratoria cuando exista una sospecha razonable de que la persona se encuentra en forma ilegal en Estados Unidos.

 

Opositores a la legislación anunciarán este lunes en rueda de prensa en Phoenix, un plan de acción para asesorar a la comunidad migrante y hacer frente al fallo judicial, que se cree podría emitirse en cualquier momento esta semana y que se sospecha será favorable a quienes apoyan la aplicación del estatuto.

 

Una coalición de docenas de medios de comunicación en español a lo largo de Arizona lanzará la campaña “Hoy Somos Arizona” a fin de proveer información a la comunidad para que evite el pánico y se proteja, sabiendo cómo proceder en caso de que sea autorizado implementar la ley.

 

La coalición, conformada por estaciones de radio y televisión, además de diarios y portales en internet, será enlazada el próximo miércoles a las 17:00 horas para transmitir en cadena un programa especial de media hora sobre los efectos de la ley.

 

Las partes claves de la SB1070, incluida la autorización a las policías locales a detener a cualquier sospechoso de residir en forma ilegal en Estados Unidos, permanecen suspendidas por orden de una juez federal, desde un día antes de que el estatuto entrara en vigor el 29 de julio de 2010.

 

La juez Susan Bolton, de la Corte Federal en Arizona, decidió suspender de manera temporal la entrada en vigor de la ley, al admitir una demanda del Departamento de Justicia, en la que se argumenta que la legislación es anticonstitucional, al invadir funciones reservadas exclusivamente al gobierno federal.

 

En su búsqueda por levantar la suspensión del estatuto, la gobernadora Brewer acudió a la Suprema Corte de Justicia y expuso el derecho del gobierno de Arizona a proteger a sus ciudadanos y participar en la política migratoria.

 

En abril pasado, en una audiencia para escuchar los argumentos a favor y en contra de la constitucionalidad de la SB1070, la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte cuestionaron la postura del gobierno federal en el sentido de que Arizona carece del derecho de implementar leyes migratorias.

 

La actitud de los jueces de la Suprema Corte durante la audiencia ha sido interpretada por simpatizantes y opositores de la ley, en el sentido de que el máximo tribunal judicial del país se pronunciará a favor de que sea eliminada la suspensión al estatuto.

 

Optimista de que así será, Brewer ordenó el pasado martes que se distribuyera de inmediato a todas las corporaciones de policía de Arizona un curso de entrenamiento diseñado para capacitar a los agentes sobre cómo deben aplicar la SB1070.

 

Analistas legales consideran que el dictamen del máximo tribunal del país constituirá una decisión trascendental que determinará si las entidades estadunidenses tienen el derecho de emitir y aplicar leyes migratorias, facultad que hasta ahora ha correspondido sólo al gobierno federal.

 

El fallo de la Suprema Corte de Justicia en este caso afectará también el futuro de las leyes antiinmigrantes aprobadas en los últimos dos años por Utah, Indiana, Georgia, Carolina del Sur y Alabama.

 

Ninguna de las leyes migratorias adoptadas por estas entidades ha podido ser puesta en vigor, al permanecer todas ellas suspendidas por las cortes federales, en tanto analizan las diversas demandas interpuestas en su contra por organizaciones civiles y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

 

Las distintas demandas argumentan que la ley de Arizona y las demás emitidas por las otras entidades, violan la Cláusula de Supremacía de la ley federal en la materia.

 

Especialistas en la materia advierten que cualquiera que sea la decisión esta semana de la Suprema Corte sobre la SB1070 no vendrá a poner fin a las disputas legales en su contra y en contra de los demás estatutos en otras entidades.

 

Explican que la decisión abriría la puerta a demandas pendientes por parte de grupos de derechos civiles que han estado en el limbo.

 

Dan Pochoda, abogado en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, precisó que la Suprema Corte de Justicia se pronunciará sólo sobre la suspensión de la SB1070.

 

“No es una decisión final”, dijo. “Puede ser el final de este juicio en particular, pero hay otras demandas que han estado esperando y ahora se moverán hacia adelate”, agregó.

 

Algunas de estas demandas desafían la ley de Arizona por razones totalmente diferentes a la cuestión por la que decidirá la Suprema Corte, explicó.

 

Por ejemplo, la ACLU y el Fondo para la Defensa Legal y Educación del México-americano (Maldef) interpusieron una demanda que desafía la ley SB1070 por considerar que este tipo de legislación conduce a la discriminación racial, un argumento que está visiblemente ausente de lo que analiza ahora el máximo tribunal.